EL PACTO FISCAL SE FORJA A LA MEDIDA DEL OFICIALISMO

El Gobierno cerró toda posibilidad de discutir la redistribución de recursos, lo que hace prever que el régimen económico financiero -vigente hace tres décadas- no será modificado.

La Paz 8 de agosto, 2017 (Página Siete).-

Alcides Flores Moncada  / La Paz
“Cerremos las gobernaciones”. Ese planteamiento extremo es del gobernador de La Paz, Félix Patzi. Y lo que parecía la pataleta de una autoridad al otro lado de la vereda del oficialismo, tiene sentido: La Gobernación de La Paz tiene un presupuesto de inversión pública de 267 millones de bolivianos para este año, lo que equivale al 0,63% de la inversión pública. Casi nada.
Y esta situación parece que no va a cambiar. Al menos eso dejó entrever Hugo Siles, viceministro de Autonomías, la única autoridad de alto rango que participa con regularidad en las reuniones de discusión de este proceso, pese a que cuatro ministros forman parte del Consejo Nacional de Autonomías.
“Los gobiernos subnacionales tenemos encomendados el 47% de las competencias pero sólo el 14% de los recursos. Un habitante en el departamento de La Paz recibe 504 bolivianos al año, frente a 5.870 que recibe en Tarija”, afirmó Luis Revilla, alcalde de La Paz, y dijo que espera que el Pacto Fiscal “sea un proceso democrático y transparente que permita una redistribución y reasignación equitativas de los recursos”.
Revilla muestra el grado de asimetrías en los gobiernos locales no sólo en la asignación de recursos entre un municipio y otro, sino en la suma de competencias, pero sin la asignación de recursos.
“El Gobierno con la mano izquierda está discutiendo el Pacto Fiscal y con la mano derecha está traspasando competencias”, denunció su colega José María Leyes, alcalde de Cochabamba, al referirse a las últimas determinaciones del Gobierno, que decidió que las alcaldías se hagan cargo del control de la ropa usada y del bono de los discapacitados.

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Las asimetrías trascienden los más de 330 gobiernos locales y se agravan en las nueve gobernaciones. Allí la brecha entre una y otra región es incluso mayor si se la compara con las alcaldías.
 En el caso de la Gobernación de La Paz, apenas maneja el 0,63% de la inversión pública prevista para este año, frente al 85% que maneja el Gobierno central.
 En este mismo rubro, sólo los ministerios disponen del 15,5% de esos recursos, un porcentaje similar a lo que manejan juntos los 339 municipios del país (10%), las nueve gobernaciones (4,6%) y las universidades públicas (0,8%).
 Pero las asimetrías más fuertes también se dieron en la transferencia del Fondo de Compensación Departamental (FCD), del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) y regalías.
 En 2014, en el momento del auge de la economía, Tarija recibió 8.237 bolivianos per cápita y La Paz 230 bolivianos. En 2016, cuando el precio del petróleo bajó a sus niveles más bajos, la transferencia de recursos a Tarija fue de 3.113 bolivianos per cápita y a La Paz de 171 bolivianos.
 Según esas cifras, el departamento de La Paz -como Gobernación- recibió la transferencia de recursos per cápita más baja de los nueve departamentos, pese a que acoge al 27% de la población del país.
 “Es esencial para las autonomías debatir una nueva forma de distribución de los recursos económicos”, afirma, por lo mismo, Rubén Costas, gobernador de Santa Cruz.
 Estas cuatro autoridades plantean -en esencia- la redistribución de los recursos, algo que el Gobierno ha descartado totalmente. El Pacto Fiscal “no es para discutir la redistribución de recursos. El Pacto Fiscal no es redistribución de recursos. El Pacto Fiscal es gastar bien los recursos que ya tenemos, involucrar la variable productiva, la generación de recursos administrativos, de recursos propios, la puesta en vigencia de competencias, la creación de empresas públicas subnacionales. Esa es la visión (sobre este proceso) del nivel central del Estado”, afirmó Siles el martes pasado, durante la décima reunión de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal que se realizó en La Paz.
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Cuando surgió la necesidad de discutir el Pacto Fiscal, el Ejecutivo dijo que este proceso “no sólo es para hablar de la redistribución”. Ahora, en cambio, sostiene una premisa: El Pacto Fiscal “no es para hablar de redistribución de recursos”. El adverbio “sólo” ha sido eliminado.
 “Entonces, ¿para qué estamos discutiendo el Pacto Fiscal?”, reaccionó Fabián Yaksik, delegado de la Gobernación de La Paz en este proceso de debate, cuando se le pidió un comentario a las declaraciones del viceministro de Autonomías, Hugo Siles.
 “Estos eventos se han realizado siempre clandestinamente. Nadie se enteraba de estos eventos. Extrañamente, el Gobierno no convoca prensa”, dijo Yaksik. De hecho, el martes pasado, Página Siete fue el único medio de comunicación que estuvo en la Décima Reunión de la Comisión Técnica, a la que -sin embargo- el medio no fue invitado.
 ¿Quiénes discuten el Pacto Fiscal?
 Quienes discuten el Pacto Fiscal son los miembros o los representes del Consejo Nacional de Autonomías. Este Consejo está integrado por el Presidente, el Vicepresidente, cuatro ministros, un viceministro, los nueve gobernadores, cinco representantes de las asociaciones nacionales de municipios de Bolivia, cinco representantes de las Autonomías Indígena Originario Campesinas y un representante de las autonomías regionales.
 Según este esquema, en el debate no fueron incluidos empresarios privados, gremiales, campesinos, universidades ni ninguna otra representación de la sociedad civil.
 De estos 27 miembros del Consejo, al menos 24 son del Gobierno o afines a él, y serán ellos -en última instancia- los que decidan si se aprueba o no lo discutido y acordado.
 Según el reglamento de debates, el Consejo Nacional de Autonomías tiene que suscribir el Pacto Fiscal –de consenso– el jueves 31 de agosto. Es decir, dentro de 23 días, cuando resta la quinta de las cinco etapas que tiene este proceso, lo que hace improbable que se cumpla ese objetivo.

 

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Temas que están en debate y la propuesta de Jubileo

Las regiones exigen del Gobierno central la transferencia de la administración de los ICE, del RCIVA y del IEHD.

 Si bien la redistribución de recursos ha sido descartada por el Órgano Ejecutivo como temática de discusión, sí es planteada en las reuniones que se realizan en torno al Pacto Fiscal.

 Hasta ahora, los gobiernos departamentales y locales han planteado dejar de financiar carreteras interdepartamentales a través de la figura de coparticipación. Asimismo, han pedido dominios territoriales, cambiar la estructura de ingresos tributarios y su distribución mediante una reforma de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización y otras leyes relacionadas a la tributación.
 También exigen la transferencia a los gobiernos regionales de la administración de los impuestos a los consumos específicos (ICE), del Régimen Complementario al Valor Agregado (RCIVA) y del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD).
 Algunas gobernaciones pidieron asignar regalías por hidrocarburos a favor de los departamentos no productores de hidrocarburos representados por La Paz, Oruro y Potosí. También plantearon que el Gobierno central compense y restituya los ingresos del IDH a las gobernaciones.
 Otro tema crítico, por ejemplo para la Gobernación de La Paz, son los hospitales de tercer nivel. “La administración de los hospitales de tercer nivel sin asignación de recursos es una competencia que fue impuesta a las gobernaciones por la Ley Marco de Autonomías. Esta competencia no la pueden asumir las gobernaciones. Se corre el riesgo de que los hospitales se caigan a pedazos sin una nueva asignación de recursos”, afirma Fabián Yaksik.
 En el ámbito de los gobiernos municipales, también hay una serie de sugerencias, que apuntan a la modificación de varias normas que les permita mejorar sus ingresos.
 “Tenemos una propuesta: el desarrollo productivo y la equidad para los municipios y sobre la base de esto pediremos la distribución equitativa  y justa de los recursos, en función a las necesidades de los municipios, no así solamente la redistribución del dinero como pretenden (los de la oposición)”, planteó la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), afín al Gobierno.
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Fundación Jubileo
La Fundación Jubileo es la única entidad civil que ha realizado un trabajo sostenido sobre el Pacto Fiscal. Para esta institución, cualquier reforma del sistema tributario, y en general del Sistema Fiscal, debe ser formulada en el marco de una estrategia de desarrollo, de manera que no distorsione la asignación de recursos de la economía con impuestos muy altos y que no desaliente iniciativas productivas privadas.
También pide no incrementar las alícuotas impositivas, sino ampliar la base tributaria de contribuyentes y eliminar los regímenes especiales.
 Asimismo, plantea asignarle más recursos a las gobernaciones para el cumplimiento de sus competencias, a través de una mayor coparticipación de impuestos y de mayores potestades tributarias.
 Pide revisar la distribución de recursos entre las regiones de manera que se acorten las brechas entre regiones, e incorporar otros criterios de distribución, además del poblacional, como ser pobreza o esfuerzo fiscal.
 Debe haber una priorización del gasto en sectores clave como educación, salud, producción, etc., además de revisar la calidad del gasto y la inversión.
 Asimismo, sugiere darle mayor énfasis a la planificación en todos los niveles de gobierno, y su vinculación con la asignación de recursos en los presupuestos.

¿Qué  se espera?

  • Oficialismo La composición del Consejo Nacional de Autonomías (24 de los 27 miembros están bajo su control) hace prever que el Gobierno definirá el tipo de Pacto Fiscal. La Comisión Técnica hará el trabajo técnico y pasará las propuestas al Consejo Nacional.
  • Conclusión El Servicio Estatal de Autonomías elaborará el documento final que incluirá la sistematización de la agenda productiva y social; la lista de reformas nomativo-administrativas, y las reformas al régimen económico.

 

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