Comisión gubernamental contra la corrupción quita autoridad a los niveles autonómicos

PÁGINA SIETE 17/02/19.- La anunciada comisión de lucha contra la corrupción intervendrá en municipios y gobernaciones. Según expertos, ésto atenta contra los niveles autonómicos que tienen sus propios mecanismos de control y fiscalización. Se trata de duplicar esfuerzos, dicen.

IDEAS/Carla A. Hannover Periodista

Que la corrupción está presente en distintos niveles del Estado en Bolivia  no es una novedad y que la lucha contra este flagelo debiera ser una de las tareas prioritarias de las autoridades tampoco es algo que se ignore. Por ello,   no sorprende que el Gobierno haya anunciado la creación de una comisión de lucha contra la corrupción que intervendrá en alcaldías y gobernaciones con denuncias o sospechas de corrupción.

Para los analistas consultados esta iniciativa representa, más que una lucha frontal contra este flagelo,   un golpe a las autonomías, tanto municipales como departamentales, que tienen ya establecidos mecanismos de control. Sin embargo, desde el gobierno se asegura que  la lucha contra la corrupción es una tarea transversal al Estado.

Entidades autónomas pero fiscalizadas desde el Estado

Los gobiernos departamentales y los municipios son entidades cuya autonomía se respalda en la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley Marco de Autonomías “Andrés Ibáñez”.

Se entiende por autonomía departamental a la cualidad gubernativa que adquiere cada uno de los nueve  departamentos que conforman el Estado Plurinacional de Bolivia. En el artículo 277 de la CPE se explica que  “el gobierno autónomo departamental estará constituido por una Asamblea Departamental, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa departamental en el ámbito de sus competencias y por un órgano ejecutivo”. Es decir, es esta entidad elegida mediante voto universal la que se encarga de fiscalizar la gestión que lleva adelante el gobernador de turno.

 En tanto que la autonomía municipal responde a la cualidad gubernativa que adquiere un municipio, el cual está constituido por un Concejo Municipal presidido por un alcalde. En el artículo 283 de la CPE  se lee que “el gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la alcaldesa o el alcalde”. Este Concejo Municipal estará compuesto por concejalas y concejales elegidas y elegidos mediante sufragio universal.

De ahí que los analistas cuestionan: si ya se tienen establecidos los mecanismos de fiscalización para las  gobernaciones y municipios ¿de qué manera funcionará esta comisión, sin duplicar estas funciones?

“Es importante establecer que las funciones de la comisión ya se encuentran previstas en la Constitución Política del Estado y las leyes que regulan el funcionamiento a cada entidad pública que es parte de esta comisión”, explica el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, principal impulsor de esta comisión.

Por ejemplo, -añade- el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional efectúa lo que se denomina la “gestión de denuncias” por hechos o actos de corrupción en cualquier entidad pública del Estado  y adicionalmente se tiene la facultad de hacer seguimiento, supervisión y evaluación a las funciones que realizan las unidades de transparencia. “La Procuraduría  General del Estado  ejerce el seguimiento y evaluación a todas las unidades jurídicas de todas las instituciones estatales y empresas públicas. La Contraloría realiza el control y fiscalización de los recursos públicos, y tiene funciones fiscalizadoras sobre las unidades de auditoría interna”, señala. Por lo que, desde su perspectiva,  esta comisión no duplicaría funciones.

¿Con esta comisión se pone en riesgo las  autonomías?  

Para  Fabián Yaksic, director del Servicio Departamental de Autonomías de la Gobernación de La Paz, la creación de esta comisión debilita la institucionalidad fiscalizadora de las entidades territoriales autónomas -es decir a  los concejos municipales y las asambleas legislativas departamentales- al suplantar sus facultades. “Lo que me preocupa es que al establecerse niveles suprainstitucionales, que están por encima de las entidades públicas llamadas a combatir la corrupción, se está reconociendo que en el país está fracasando la institucionalidad que tenemos en la lucha contra la corrupción”.

El experto explica  que el Gobierno “nos está diciendo, con la creación de esta comisión,  que estas instancias no están haciendo su trabajo, entonces solo queda preguntarnos ¿para qué las elegimos?”. A decir de Yaksic puede que los  mecanismos de control social con los que actualmente se cuentan no están funcionando adecuadamente. Sin embargo, esto no justifica la creación de esta comisión “porque se corre riesgo de que esta entidad supraministerial duplique funciones que ya están establecidas”.

Coincide con esta mirada el analista Iván Arias, quien agrega que las autonomías municipales, al igual que otras instancias autónomas como  el Poder Judicial, el Poder  Legislativo y la Contraloría, entre otros, hace tiempo que están avasallados con normas y leyes menores a la Constitución Política del Estado que las han privado de tener una fiscalidad propia. “Al decir fiscalidad me refiero a que se han visto impedidas de crear sus impuestos, determinar libremente sobre su presupuesto y que  los concejos han sido rebasados por fiscales que no respetan procesos, y de tener una fiscalización propia”.

Por lo tanto, para el analista  con este ente “parajudicial” que se está creando “por supuesto que las autonomías municipales y departamentales también sufren una agresión y una violación de sus propios mecanismos”, explica.

“Aquí hay un poder que se está poniendo sobre todos los poderes establecidos y en este caso específico -el de los concejos y las asambleas departamentales- ese poder está a nombre de una comisión de lucha contra la corrupción”.

En respuesta a estos puntos de vista, el  viceministro  Jiménez  explica que “la comisión no afecta de ninguna manera la autonomía de estas instituciones”, pues justamente el modelo de gestión pública autonómica incorporada  en la Constitución  Política de Estado  es un reconocimiento a la autodeterminación de los pueblos a  elegir autoridades, la potestad de manejar sus recursos y legislar en el ámbito de sus competencias territoriales. “Por lo tanto, esta comisión no tiene ninguna función al respecto y mal se podría siquiera sugerir que se pondría en riesgo este modelo de gestión autonómica. Sin embargo, la lucha contra la corrupción es una tarea transversal al Estado  y existen mandatos legales específicos que tienen instituciones como el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, la Procuraduría General del Estado y la Contraloría General del Estado, cuyas obligaciones en términos generales son las de emitir medidas preventivas en transparencia y/o correctivas en las instituciones donde se evidencia fragilidades institucionales y permeabilidad a la corrupción”.

¿Por qué no potenciar otras instancias fiscalizadoras? 

 Para Yaksic si lo que se busca es una lucha frontal contra la corrupción,  por qué, entonces,  no se potencian otras instancias llamadas a luchar contra este flagelo.

 “Lo que se debería hacer más bien es lograr que el Órgano Judicial, que el Ministerio Público y la Policía tengan mayor institucionalidad autónoma del gobierno nacional para que ejerzan mejor su competencia llamada por ley para la lucha contra la corrupción…  deberían  potenciar a estas entidades y no crear una comisión paralela”.

Jiménez explica que creación de esta comisión responde al mandato del presidente Evo de “cero tolerancia a la corrupción”  y dar una respuesta estatal objetiva contra la corrupción. “Estas acciones se realizarán sin diferenciar el color político que dirija una institución, ejemplo de ello es que en este momento la comisión se encuentra trabajando en el gobierno municipal de Riberalta (MAS)”.

Por otro lado, Arias señala  que es importante potenciar a las instancias que ya hacen ese trabajo porque lo que se teme es  que esta comisión sea más bien  un brazo político del  gobierno  que sirva más que nada  para silenciar a las disidencias. “Estaban comenzando a filtrarse varias denuncias de corrupción (en municipios del MAS). Todo lo que salga de esa comisión no va a servir porque es probable que se dediquen a callar y perseguir a los gobiernos municipales y departamentales disidentes para garantizar el voto y reelección de Evo”.

  A lo que Jiménez responde que el gobierno nacional ha dado “señales contundentes de luchar contra la corrupción denunciando y encarcelando a sus propios partidarios cuando estos se involucraron en hechos ilícitos… lamentablemente esos análisis se hacen con desconocimiento de los alcances de las políticas públicas en este tema y son absolutamente carentes de objetividad”, concluye.

Corrupción en  las alcaldías

  •   Quillacollo  El 31 de enero de este año el alcalde interino de Quillacollo (Cochabamba) Zacarías Jayta y el presidente del Concejo Municipal, Víctor Osinaga, fueron aprehendidos por hechos irregulares en el ejercicio de sus funciones. Son acusados por uso indebido de influencias y concusión, informó el abogado de Jayta, Henry Pinto.
  • Ayata  El 13 de enero de 2019, el  alcalde titular del municipio de Ayata fue suspendido del cargo por denuncias de corrupción pero demostró que eran falsas. La Fiscalía dictó la resolución de sobreseimiento y el Tribunal Departamental Electoral de La Paz ordenó que vuelva al cargo. Dos semanas después el Ministerio de Economía congeló las cuentas y los dirigentes de esa población creen que detrás de la medida hay intereses políticos.
  • Sacaba  El 9 de enero, una auditoría especial identificó un millonario daño económico en la Alcaldía de Sacaba (Cochabamba). “Existió manipulación informática y existían personas que se hacían pasar por funcionarios municipales para desviar recursos. Extraoficialmente se habla de una afectación de 80 millones de bolivianos, aunque el alcalde del MAS, Humberto Sánchez, aclaró  que aún no se realizó una cuantificación, debido a que la investigación continúa”, se lee en el diario El Deber. Son ocho los funcionarios investigados por el Ministerio Público, entre los que están los exjefe de sistemas y el exdirector de ingresos municipales.
  • Uyuni   El 3 de diciembre de 2018, el   Ministerio de Justicia presentó una denuncia penal contra el alcalde de Uyuni, Patricio Vito Mendoza, elegido por el Movimiento Al Socialismo (MAS), por presuntos actos de corrupción en la enajenación irregular de bienes del Estado a personas particulares. El viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, precisó que la denuncia es por concusión, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, incluso con la posibilidad de ampliar a estafa agravada por parte de las víctimas que pagaron por los terrenos.
  • Santa Cruz  El 3 de septiembre de 2018 se informó que al menos 10 casos de corrupción enturbian la gestión del alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández. Sobreprecios, presunto tráfico de influencias y millonarios contratos irregulares han sido denunciados por concejales y diputados cruceños. El burgomaestre negó las denuncias.
  • Ichoka  El 15 de mayo de 2018, el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, informó  que el alcalde de Ichoca, Alejandro Choque, fue imputado por supuestos delitos de corrupción pública. Aseguró que existirían evidencias para su detención preventiva en una cárcel.  Además de  denuncias de irregularidades en la ejecución de obras, el alcalde de Ichoca es acusado de contratar a su sobrino como su chofer y adjudicar un proyecto al concubino de su hermana.
  • Potosí  En mayo de 2018, e l alcalde de Potosí, Williams Cervantes, fue denunciado por  delitos de corrupción. Supuestamente el municipio habría entregado como nuevas máquinas de tejer usadas. La concejala de Potosí  Azucena Fuertes  llegó a La Paz para presentar ante el Ministerio de Justicia una solicitud para que coadyuve en la denuncia  y afirmó que el Ministerio Público ya admitió el caso y lo investiga.   El proceso surgió a denuncia de vecinos de la zona Alto Bracamonte que recibieron ocho máquinas de tejer del municipio, pero verificaron que las mismas estaban usadas, puesto que tienen signos de desgaste y hasta oxidación.
  • Cochabamba  En abril de 2018, el viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, presentó una segunda demanda penal ante la Fiscalía contra el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, entre otros, por la compra de 91.300 mochilas escolares durante 2017, supuestamente, con sobreprecio, lo que se denominó como el caso Mochilas II.
  • Sucre  En abril de 2018,  el alcalde Iván Arciénega denunció que algunas personas encargadas de elaborar Documentos Base de Contratación (DBC) para los procesos de licitación de la Alcaldía de Sucre estarían involucradas en actos de corrupción. Indicó que el año pasado hubo “un boicot” en la adquisición de materiales para la ejecución de recapados asfálticos, motivo por el cual no hubo avances, entre otros.      https://www.google.com/url?q=https://www.paginasiete.bo/amp/comision-gubernamental-contra-la-corrupcion-quita-autoridad-los-niveles-autonomicos-209182.html?__twitter_impression%3Dtrue&source=gmail&ust=1550587196084000&usg=AFQjCNHfMY7PFmBWAxFvpqiVunBOolagpA