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LA PAZ NO RENUNCIARÁ AL PACTO FISCAL, SE PRECISA QUE EL ESTADO REORDENE Y TRANSPARENTE LAS FINANZAS PÚBLICAS NACIONALES

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La Paz, junio 6/2018, SEDALP.- El pacto fiscal es una necesidad latente e imprescindible para impulsar el desarrollo del departamento de La Paz, la cantidad de competencias asignadas a las gobernaciones demandan la redistribución equitativa de los recursos económicos financieros en el país, acorde al proceso autonómico vigente, afirmó el director del Servicio Departamental de Autonomías, Fabián Yaksic.

“Hay que reordenar las finanzas públicas nacionales y hacer un rediseño en la administración financiera; el pacto fiscal es fundamental para La Paz, pues es el departamento que más rezagado ha quedado en términos de recursos. Para La Paz es estratégico seguir insistiendo en que se abra un espacio certero de pacto fiscal”, puntualizó Yaksic, durante su intervención en “El Tema de la Semana”, programa de radio Fides, junto a otros analistas de renombre.

La autoridad departamental enfatizó en la necesidad de que el Gobierno Nacional transparente las finanzas públicas nacionales, siendo que el Nivel Central del Estado administra el 85% del presupuesto general del Estado originando “enormes asimetrías” en la distribución de recursos y las posibilidades de desarrollo entre regiones.

“El presupuesto general del Estado ha crecido enormemente, estamos hablando de más de Bs. 220 mil millones, cifras que no se conocían hace 12 años, pero de este monto el 85% se destina a sostener las 150 entidades públicas del Nivel Central del Estado, en las que se encuentran 99 entidades descentralizadas, 20 ministerios, la Vicepresidencia  y 30 empresas públicas nacionales”, afirmó Yaksic.

FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA VS. OBESIDAD FINANCIERA EN NIVEL CENTRAL DEL ESTADO

El Gobierno Central sostiene que no existen recursos financieros para viabilizar un pacto fiscal acorde al régimen autonómico vigente en el país; sin embargo, durante la gestión 2017, el Gobierno Central dejó Bs. 37 mil millones sin ejecutar.

“Lo que no ejecutó el Gobierno Nacional en varias de sus empresas públicas es más o menos todo el presupuesto que manejan las gobernaciones y gobiernos municipales. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es la cartera de Estado con el menor porcentaje de ejecución presupuestaria porque no llegó ni al 55%,  cuando es el Ministerio que más presiona con la ejecución presupuestaria a todos los niveles del Estado”, explicó Yaksic.

Añadió que la concentración de los recursos en manos del Nivel Central del Estado está llevando a la “obesidad financiera de las arcas estatales”. El presupuesto para inversión pública en la gestión 2018 de las gobernaciones alcanza los Bs 1.953 millones; el presupuesto para inversión pública de la Gobernación de La Paz para este año es de Bs. 273,5 millones, mientras que el presupuesto de inversión pública de todo el Estado asciende a Bs. 50 mil millones.

“El Gobierno Nacional no tiene un mínimo de interés para debatir y generar acuerdos en torno a la distribución equitativa de los recursos financieros en el país; debe responder cómo  maneja el dinero de todos los bolivianos. La centralización de los recursos en el Nivel Central del Estado, está devaluando la posibilidad de protagonismo que deberían tener los gobiernos departamentales y los municipales en el desarrollo de las regiones”, apuntó Yaksic.

CUESTIONAMIENTOS PERTINENTES

En 12 años, el Estado invirtió alrededor de 70 mil millones de dólares en todo el país, la pregunta es: ¿Cuánto de ese monto ha generado desarrollo en el país?  ¿Se ha invertido esos recursos para dinamizar la actividad económica y productiva en el país? ¿Se han resuelto los problemas sociales del país con esa cantidad importante de recursos?, son preguntas formuladas por el escritor y analista  Manuel Morales Alvarez, durante el programa radial de análisis y debate “El Tema de la Semana”, de radio Fides.

“Estamos frente al despilfarro de los recursos financieros del país porque estamos invirtiendo en cosas que no están redituando en beneficio de la gente en términos sociales o en beneficios económicos; no se están sembrando emprendimientos productivos que impulsen y sostengan el desarrollo en el país. La economía informal es la que sostiene el movimiento económico al momento”, afirmó el analista Manuel Morales.

Al respecto, Fabián Yaksic señaló que, contradictoriamente, al modelo económico productivo pregonado por el actual gobierno,  no se ha generado desarrollo productivo en el país; por el contrario se ha rezagado la actividad agropecuaria casi por completo.

“Se ha abandonado el área rural, el Presidente Morales siendo un mandatario que dice representar al movimiento campesino o intercultural, ha dejado abandonada toda la actividad agropecuaria y productiva en el país”, sostuvo Yaksic.

NEGATIVA GUBERNAMENTAL AL PACTO FISCAL, CUESTIÓN DE PODER POLÍTICO

El presupuesto general de la República tiene un problema político. Para el Gobierno Nacional la centralización del 85% de los recursos financieros del país en el Nivel del Central del Estado, está directamente relacionada a su interés de concentrar el poder político, afirmó el analista y economista Luis Fernando García.

“Obviamente, el Gobierno Central no quiere discutir el 85% que concentra del presupuesto general del Estado porque  considera que eso reditua en la reproducción del poder político, es por ello que el gobierno no quiere ceder en ese sentido ningún poder porque discutir el pacto fiscal significa redistribuir los recursos para aquellas entidades que puedan activar el desarrollo del país”, explicó García.

SEDALP/COM/MTG
ALVARADO

DENUNCIAN QUE EL GOBIERNO DE EVO MORALES QUIERE ESTRANGULAR ECONÓMICAMENTE A LA GOBERNACIÓN DE LA PAZ

ALVARADOTIERRA NOTICIAS/POLÍTICA/04/06/18.- El economista Julio Alvarado, denuncia que el Gobierno de Evo Morales quiere estrangular económicamente a la Gobernación de La Paz, al intentar cobrar una deuda de 300 mil dólares contraídos en 1973 cuando la Gobernación era Prefectura de La Paz.

Otro hecho doloso sobre esta deuda es que, los 300 mil dólares habría subido a un millón de dólares.

El Gobierno de Morales, “quiere cobrarle una deuda de 1973, cuando se obtuvo un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF), para remodelación de los hoteles prefecturales”, dijo Alvarado a canal Universitario de La Paz.

El economista revela que la mala acción del gobierno de turno contra la actual Gobernación paceña está en el hecho de que esos dineros ya fueron cobrados por el Estado el año de 1995, en cumplimiento de la Ley de privatización aprobada en 1993.

“Pero estos hoteles prefecturales, a través de la Ley de privatización de 1993, fueron privatizados el año de 1995 y los recursos que obtuvo el Estado por la venta de esos hoteles paso a una cuenta del Banco Central, por lo tanto el gobierno central no puede cobrarle a la Gobernación de La Paz esa deuda porque ha sido ha sido el gobierno central el que ha recibido ese dinero”, explicó Alvarado a dicha televisora.

El economista y docente universitario, también informó que la organización internacional que prestó el dinero a la que fuera Prefectura de La Paz, procedió a condonar estas deudas a Bolivia en 1998. Sin embargo el gobierno de Morales insite en cobrar a la Gobernación esa deuda.

“Y con ese dinero lo primero que tenía que haber hecho era pagar la deuda de 1973, además, la CAF en 1998 empezó a condonar la deuda que tenía con Bolivia”.

El gobierno de Evo Morales se ha negado a reunirse con el Gobernado paceño Félix Patzi desde que este último asumió el cargo el año 2015.

Recordemos que Patzí solicito mediante carta reuniones a Morales en al menos cinco ocasiones, sin embargo el Mandatario indígena ignoró atender la solicitud de la primera autoridad departamental elegida por el voto popular.

La acción negligente de gobierno central, más que perjudicar políticamente al gobernador Félix Patzi, lo que hace es perjudicar el desarrollo social de todos los habitantes del departamento de La Paz.

En el séptimo Taller de socialización del Pacto Fiscal, región Valle Interandino Norte, en el municipio de Sorata-Larecaja, el gobernador de La Paz, Félix Patzi, sostuvo que en 32 años, las gobernaciones no han cambiado y que es “insulso” que éstas dispongan de su presupuesto para políticas del Gobierno central.

“Desde 1985 las gobernaciones siguen siendo lo mismo. Fueron 11 años de bonanza económica, pero el presupuesto de la gobernación, casi no ha cambiado, sigue el mismo. Es un problema serio para el departamento (de La Paz)”, aseguró Patzi.

Dijo, además que la pobreza no se disminuyó en el país y el departamento de La Paz no es la excepción, sobre todo en la región de valles interandinos con un 86% de pobreza, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas.

LEER TAMBIÉN: Yaksic invita a debatir a Viceministro de Presupuesto sobre recursos de La Paz

Cuando Fabián Yaksic se desempeñaba como el Director de Fortalecimiento Municipal y Comunitario de la Gobernación, dijo que el Gobierno nacional confirmó que en el período 1998-2015 el gobierno nacional ejecutó el 51% de la inversión pública en el Departamento de La Paz, en tanto que la Gobernación solo el 9%. “Eso es centralismo absoluto, confirmado por datos del Ministerio de Economía; parece que eso no leyó el viceministro Durán”, dijo la autoridad departamental.

“Por ello el Gobernador Félix Patzi pidió en carta oficial al Presidente del Estado el 4% de la coparticipación tributaria, cuya distribución viene de la época de Gonzalo Sánchez de Lozada y se mantiene hasta hoy”, precisó Yaksic.

Yaksic explicó didácticamente y mostró a la prensa cuadros que muestran la gradual disminución del presupuesto global de la Gobernación de La Paz y como nuestro Departamento tiene un presupuesto per cápita (por habitante) de Bs.523, mientras que en Tarija ese mismo presupuesto es de Bs.9.851 “o sea 18 veces menos”, dijo Yaksic.

“Estas injustas asimetrías para el Departamento de La Paz las tenemos que corregir. Le pedimos al gobierno nacional, explicar al país, cómo vamos a seguir con estas asimetrías generadas por políticas heredadas de gobiernos neoliberales que ahora aplica el gobierno del MAS pero que se resiste a discutir”, agregó Yaksic
El 30 de mayo, el gobernador Patzi envió una carta al Presidente Morales con 10 pedidos del Departamento de La Paz:

1) Asignación de 4% de la coparticipación tributaria nacional, o 15% del Aporte tributario departamental;
2) Transferencia a la Gobernación de La Paz de los recursos generados por facturación de consumo eléctrico;
3) Traspaso de la Autopista La Paz-El Alto a la Red Departamental de Carreteras;
4) Pago de la empresa Mi Teleférico por Tarjeta de Operación de líneas intermunicipales La Paz-El Alto;
5) El 50% de retención para el Departamento de La Paz, por pago a DIGECOIN por taqui de coca;
6) Derogar el Decreto Supremo Nº 23022, referido a inmovilización de tierras en la provincia Iturralde;
7) Instalación de un ingenio de fundición de minerales en Patacamaya;
8) Condonar deudas con el Gobierno por FERRECO, Ex BAMIN, y hoteles prefecturales y ser sujeto de crédito;
9) Retorno a sus instalaciones de origen de la Escuela Militar de Música y de la Escuela Naval Militar;
10) Reposición del 50% de recursos despojados por ABC para mantener carreteras de la Red Departamental.
LEER TAMBIÉN: Patzi: Gobernación no cambió en 32 años y Gobierno central dispone de parte de su presupuesto

REVISTA Nro 6 - 01

EL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE AUTONOMÍAS PRESENTA LA EDICIÓN Nº 6 DE SU REVISTA INFORMATIVA

REVISTA Nro 6 - 01El Servicio Departamental de  Autonomías (SEDALP) ha puesto en circulación este martes 29 de mayo la Revista Informativa Nº 6, que incluye el estado de situación del diálogo nacional del Pacto Fiscal y un resumen de la Propuesta Técnica de Alternativas de Financiamiento presentada por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, para superar las asimetrías existentes en la distribución de recursos.                                                                                                      La edición Nº 6 de la Revista Informativa contiene una breve explicación acerca de la formulación de la Estrategia de Desarrollo Integral de la Región Metropolitana, con miras al II Foro de Desarrollo de la Región Metropolitana, a realizarse la primera semana del mes de octubre del presente año.

Adicionalmente, la presente edición incluye un detalle gráfico de la ejecución presupuestaria 2017 de los nueve Gobiernos Autónomos Departamentales; de los diez Gobiernos Autónomos Municipales de ciudades capitales de Departamento; más El  Alto, y de Ministerios, Empresas Públicas y Entidades Descentralizadas dependientes del Nivel Central del Estado.

La Revista Informativa Nº 6 ofrece, además, una muestra del Sistema de Información Municipal Regionalizado del Departamento de La Paz (SIMRED LA PAZ) desarrollado por el SEDALP, con información de un municipio por cada una de las siete regiones del departamento de La Paz (Achocalla, Caquiaviri, Luribay, Tacoma, Irupana, Apolo y Santiago de Huata).

La versión digital de la Revista Informativa Nº6 está a su disposición en el siguiente link de descarga Revista Nº 6, en caso de requerir un ejemplar impreso favor acudir a instalaciones del SEDALP, Av. Arce Nº 2529, Edificio Santa Isabel, Bloque A, 2do Mezzanine.

SEDALP/COM/MTG
EDITORIAL

EL CENTRALISMO QUE ACABÓ CON LA AUTONOMÍA

             EDITORIAL                                                      EDITORIAL/PÁGINA SIETE/11 de abril de 2018             El centralismo en Bolivia está en su momento de mayor auge. Detrás de una etiqueta llamada “Estado plurinacional”, en realidad lo que existe es un Gobierno que concentra, de manera secante, las decisiones y los recursos económicos del país.

En ese sentido, la Fundación Jubileo advirtió que el presupuesto de inversión del Ministerio de la Presidencia asciende en 2018 a 3.094 millones de bolivianos, cifra un tercio mayor al de las nueve gobernaciones departamentales juntas, que alcanza a 2.149 millones de bolivianos.

Jubileo informó que mientras los presupuestos de inversión pública de municipios y departamentos han bajado, el del Ministerio de la Presidencia ha aumentado con respecto al del año 2017.

Las gobernaciones experimentaron una caída de 57% en sus ingresos desde 2014, mientras que las alcaldías los vieron reducidos en 33%, debido a la caída de los precios internacionales del petróleo.

En ese mismo sentido, el año pasado, un cálculo estableció que el Ministerio de la Presidencia tenía un presupuesto anual similar al de otros 14 ministerios.

Ese año, el Ministerio de Justicia, por ejemplo, recibió 37,9 millones, es decir 1,3% de lo que administró Presidencia, que tiene 70 veces más presupuesto que cinco carteras de Estado.

Ese Ministerio controla los gastos del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, dedicado a hacer obras en todo el país, con énfasis en canchas deportivas y coliseos.

El manejo fiscal del Ejecutivo ha hecho que la descentralización administrativa sea sólo una quimera, y le ha dado la mayor parte de los recursos para libre disponibilidad del presidente Evo Morales. El desembolso de los fondos del programa Evo Cumple requiere escasos requisitos y, una vez que las obras han sido asignadas, los controles son también reducidos.

Ha habido numerosas ocasiones en las que las obras quedaron inconclusas o ni siquiera fueron iniciadas. La mala calidad de las mismas es también un rasgo común.

El rol de “alcaldes” del Presidente y Vicepresidente, “trastoca” toda la estructura del supuesto proceso autonómico del país. El Gobierno le quita recursos a alcaldes y gobernadores para ejecutar las obras que le corresponderían a esas instituciones.

Este sistema de gasto público se da pese a la reducción de los ingresos del país, que han caído fuertemente, y que se financia con deuda externa o usando las reservas internacionales; se mantiene vigente, sin embargo, para financiar, con dinero de todos los bolivianos, la eterna “campaña electoral” del régimen, obsesionado por eternizarse en el poder.

http://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2018/4/11/el-centralismo-que-acabo-con-la-autonomia-176172.html

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PACTO FISCAL A LA DERIVA

SUPLEMENTO ANIMAL POLÍTICO/LA RAZÓN/25 MARZO 2018

FANIMAL RED CORT YAKSIC POLÍTICO 260318 011abián II Yaksic Feraudy*

A más de un año debatiendo el Pacto Fiscal en 15 sesiones de la Comisión Técnica (CTPF) y nueve del Consejo Nacional de Autonomías (CNA), el diálogo ha perdido el rumbo, por la manera como el Gobierno Nacional ha encarado este proceso, estableciendo que el mismo no implicaría ningún tipo de modificaciones al régimen económico financiero sino meros ajustes administrativos que mejoren la gestión subnacional. En este tiempo se logró apenas resumir los “acuerdos y disensos” en un documento de tres hojas denominado eufemísticamente “Mandatos y alternativas de financiamiento”, que no son otra cosa que 25 buenas intenciones y potenciales fuentes alternativas de financiamiento que serán abordadas en otras nuevas comisiones y consejos sectoriales a constituirse.

El país tuvo dos reformas fiscales importantes, en 1986 con la Ley 843 estableciendo un nuevo régimen tributario; y en 1994-95 con la Ley de Descentralización Administrativa y Ley de Participación Popular que municipalizó el país estableciendo la distribución automática de la Coparticipación Tributaria por población a todos los Gobiernos Municipales, quitando a las Prefecturas (hoy Gobernaciones) esta fuente de recursos y condenándolas a una dependencia de fuentes volátiles a los precios internacionales de exportación de materias primas (hidrocarburos y minería). El régimen económico financiero vigente desde hace más de 30 años ha provocado profundas asimetrías o desequilibrios entre regiones, perjudicando y postergando especialmente el desarrollo del Departamento de La Paz, cuya Gobernación es la entidad pública que menos recursos públicos dispone para el ejercicio de sus competencias. La Paz recibe apenas el 6% del total de los recursos transferidos a los Gobiernos Autónomos Departamentales (GADs), siendo el Departamento más poblado, con el 27% del total de la población nacional, según el CNPV del 2012. El Departamento de La Paz es el que contribuye con el 35% del total de impuestos recaudados en el país, que sumando la recaudación tributaria del Departamento de Santa Cruz, ambos aportan el 78% de los impuestos con los que se financia la inversión pública nacional, departamental y municipal.

Urge una tercera reforma fiscal, acorde con el nuevo régimen autonómico contemplado en la CPE que corrija al menos las asimetrías provocadas e implemente una agenda fiscal mínima, orientada especialmente a resolver las dificultades del nivel intermedio de gobierno (GADs). De todos los niveles del Estado, son los Gobiernos Autónomos Departamentales que hoy cuentan con menos recursos públicos y más competencias que hace 12 años, a diferencia del Gobierno Nacional y los Gobiernos Municipales, que gracias a los recursos de la Coparticipación Tributaria, cuentan con fuentes que les da mayor estabilidad financiera y que se han incrementado en el mismo período.

Los GADs están en crisis e insolvencia financiera, y requieren alternativas de financiamiento más estables, entre las que podemos mencionar las siguientes: 1. Incrementar la Coparticipación Tributaria de los GADs del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD); 2. Transferir a los GADs dominios tributarios nacionales cuyos hechos imponibles signifiquen una importante recaudación (ICE u otros); 3. Modificar las fuentes y propósito del Fondo de Compensación dirigido a aquellos GADs que cuenten con recursos per cápita por debajo del promedio nacional; 4. Restituir a los GADs el 10% en la Coparticipación Tributaria de los siete impuestos nacionales Impuesto al Valor Agregado (IVA), Régimen Complementario al IVA (RC-IVA), Impuesto a las Transacciones (IT), Gravamen Arancelario (GA), Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), Impuesto a las Salidas al Exterior (ISAE).

Adicionalmente el diálogo nacional del Pacto dejó varios temas pendientes a resolver, entre los que podemos mencionar los siguientes: 1. Devolver los recursos del IDH que hoy siguen financiando competencias nacionales (prediarios del régimen penitenciario, bono de vacunación, fondo de Exploración y Explotación de Hidrocarburos); 2. Cumplir lo establecido en el artículo 368 de la CPE en sentido de que los GADs de los Departamentos NO productores de Hidrocarburos (La Paz, Oruro y Potosí) deben recibir un porcentaje de estas regalías. Ya Beni y Pando lo hacen; 3. Establecer acuerdos voluntarios de concurrencia de la inversión pública departamental para el financiamiento de caminos de la Red Fundamental de competencia nacional, en función de los planes viales y la disponibilidad de recursos para contrapartes de cada Gobernación. 4. El Gobierno Nacional debe ajustar la normativa y los procedimientos existentes, a objeto de establecer mecanismos expeditos de libertad de gestión directa e irrestricta de las Entidades Territoriales Autónomas, ante los organismos de cooperación internacional, para el acceso a créditos y/o donaciones, como fuentes alternativas de financiamiento de la inversión pública departamental y municipal.

De no lograrse una nueva reforma fiscal, que al menos consolide la base material de los GADs, y puedan ejercer plenamente sus competencias, el “diálogo” habrá terminado sin pacto fiscal y seguirán las autonomías tuteladas desde el nivel central del Estado.

*Fabián II Yaksic Feraudy, ciudadano paceño de la República Plurinacional y Autonómica de Bolivia, ex Vice Ministro de Descentralización, ex Diputado Nacional. Actual Director del Servicio Departamental de Autonomías de La Paz, GADLP.

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ANDAR AUTONÓMICO: LAS AUTONOMÍAS REGISTRAN UN LENTO AVANCE Y PARECEN SITIADAS POR CUESTIONES ADMINISTRATIVAS

  • OPINIÓN/EDITORIAL/La Razón (Edición Impresa) 26 de marzo de 2018

    EDITORIAL CORTADO 1 REDUCIDO ANIMAL POLÍTICO 260318 028Pese a su reconocimiento constitucional y a que, junto con lo plurinacional, configuran la esencia del nuevo modelo de Estado, las autonomías –en plural– registran un lento avance y parecen sitiadas por cuestiones administrativas y presupuestarias. La vigencia del estatuto cruceño reabrió el debate en torno al alcance y el porvenir del proceso autonómico en el país.

    Las autonomías tienen que ver con la tensión irresuelta entre una estructura centralista, que permanece, y visiones regionales y locales que demandan más atribuciones y mejores condiciones para decidir por sí mismas. Esta tensión ha sido una constante en nuestra historia. No es casual por ello que la cuestión territorial estuviese en el núcleo del proceso constituyente. Dos visiones, que convergen en el texto constitucional, marcaron la pauta: autonomías departamentales y autogobierno indígena.

    Luego de haber sido asumidas en la Constitución Política tras un amplio acuerdo político-regional, ¿cómo avanzaron las autonomías en más de nueve años de recorrido? Hay resultados evidentes, como la elección directa de autoridades subnacionales, la conformación de órganos con facultad legislativa, definición de competencias, gestión directa de recursos… La contracara se expresa en la espinosa gestión pública, dificultades normativas, limitación de recursos y trabas desde el nivel central del Estado.

    Pero quizás el dato más expresivo del tardo avance del proceso autonómico en el país se refiere al derecho a dotarse de sus normas autonómicas propias. A la fecha, solo tres de los nueve departamentos cuentan con estatutos autonómicos en vigencia, la única autonomía regional (del Gran Chaco) tropieza con su complejidad, apenas se aprobaron 15 cartas orgánicas municipales (de más de 300 posibles) y solamente tres autonomías indígenas, con mucha dificultad, conformaron su autogobierno.

    ¿Hacia dónde se dirige el proceso autonómico? Si asumimos que la edificación del nuevo modelo de Estado plurinacional con autonomías es un desafío de largo plazo, cuya implementación será gradual (con avances, estancamientos, retrocesos), la evaluación debe hacerse con equilibrio. Empero, hay señales preocupantes, como la sensación de que la apuesta por las autonomías, que es de fondo, parece limitarse hoy a la brega por la distribución de escasos recursos, como ocurre con el dilatado pacto fiscal.

    Como sea, pese a la lentitud y los yerros, siempre será mejor asumir el desafío viable de impulsar gradualmente las autonomías, en sus cuatro niveles, que estancarse en un anacrónico modelo centralista, o peor, en el desvarío del separatismo. Para ello es necesario despejar barreras normativas, desarrollar capacidades propias en departamentos, regiones, municipios y autonomías indígenas, redistribuir mejor los recursos, fortalecer destrezas legislativas, en fin, creer en serio en las autonomías.

  • EDITORIAL CORTADO 1 REDUCIDO ANIMAL POLÍTICO 260318 028
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FABIÁN YAKSIC OFRECE A EVO “SALVAR” EL PACTO FISCAL

fabian-yaksic-pacto-fiscal_2La Paz 12 de marzo, 2018 (http://www.elpaisonline.com).-El director del Servicio Departamental de Autonomías, Fabián Yaksic indicó que ante el temor y desinterés del Presidente, para implementar las autonomías, se presentó una nota ante Palacio de Gobierno, con propuestas que no afectan los abultados ingresos del gobierno central.

La Gobernación de La Paz presentó al gobierno central cuatro nuevas propuestas de alternativas de financiamiento para cumplir la Ley de Autonomías en lo referido al Pacto Fiscal e implementar las competencias de las nueve gobernaciones.
El propósito es que las discusiones del Pacto Fiscal, iniciadas el 31 de agosto de 2016, luego de la huelga de hambre de 12 días del Gobernador Félix Patzi, tenga resultado y beneficie, al gobierno central y a las entidades subnacionales: Gobernaciones, Municipios, Universidades, Pueblos Indígenas y otros. La Propuesta Uno es ampliar la Coparticipación Tributaria de las nueve gobernaciones, del 20% vigente, al 40% en lo referido al Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) y aumentar la participación de universidades en 5% adicional.

Distribución del IDH
El Impuesto Directo a los Hidrocarburos, señala la propuesta se distribuiría en: 50% al gobierno nacional, 40% a las 9 Gobernaciones (con Bs.1.078 Millones de nuevos ingresos) y 10% a Universidades.
La Propuesta Dos establece la transferencia de dominios tributarios nacionales (Impuesto a los Consumos Específicos-ICE e IEHD) a las gobernaciones cuyo objetivo es transformarlas, de receptores de transferencias a generadoras de recursos porque administrarían tributos con un comportamiento y origen más local que nacional.
El Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados tiene como base la comercialización de carburantes y lubricantes en cada departamento. El Impuesto ICE grava productos como: Cigarrillos, Vehículos, Bebidas energizantes, licores en general y otros.
La Propuesta Tres modifica el Fondo de compensación para gobernaciones con menor recurso por habitante, de 10% a un 30% lo que permitiría repartir, entre los nueve departamentos un total de Bs.780 millones, según cantidad de habitantes.

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PATZI OFRECE A EVO “SALVAR” EL PACTO FISCAL CON 4 NUEVAS PROPUESTAS

PATZI 5La Paz, 11 de marzo de 2018 (gobernacionlapaz.gob.bo).-La Gobernación de La Paz presentó el martes 6 al gobierno central cuatro nuevas propuestas de alternativas de financiamiento para cumplir la Ley de Autonomías en lo referido al Pacto Fiscal e implementar las competencias de las nueve gobernaciones.

El director del Servicio Departamental de Autonomías, Fabian Yaksic indicó que ante el temor y desinterés del Presidente, para implementar las autonomías, se presentó una nota ante Palacio de Gobierno, con propuestas que no afectan los abultados ingresos del gobierno central.

El propósito es que las discusiones del Pacto Fiscal, iniciadas el 31 de agosto de 2016, luego de la huelga de hambre de 12 días del Gobernador Félix Patzi, tenga resultado que beneficie, al gobierno central y a las entidades subnacionales: Gobernaciones, Municipios, Universidades, Pueblos Indígenas y otros.

La Propuesta Uno es ampliar la Coparticipación Tributaria de las nueve gobernaciones, del 20% vigente, al 40% en lo referido al Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) y aumentar la participación de universidades en 5% adicional.

El IEHD, señala la propuesta se distribuiría en: 50% al gobierno nacional, 40% a las 9 Gobernaciones (con Bs.1.078 Millones de nuevos ingresos) y 10% a Universidades.

La Propuesta Dos establece la transferencia de dominios tributarios nacionales (Impuesto a los Consumos Específicos-ICE e IEHD) a las gobernaciones cuyo objetivo es transformarlas, de receptores de transferencias a generadoras de recursos porque administrarían tributos con un comportamiento y origen más local que nacional.

El Impuesto IEHD tiene como base la comercialización de carburantes y lubricantes en cada departamento. El Impuesto ICE grava productos como: Cigarrillos, Vehículos, Bebidas energizantes, licores en general y otros.

La Propuesta Tres modifica el Fondo de compensación para gobernaciones con menor recurso por habitante, de 10% a un 30% lo que permitiría repartir, entre los nueve departamentos un total de Bs.780 millones, según cantidad de habitantes.

La Propuesta Cuatro es restituir el 10% de Coparticipación Tributaria (recaudaciones impositivas y aduaneras) a las gobernaciones, que las recibían con la Ley 843 y aumentar en 5% la Coparticipación de las Alcandías de siete impuestos nacionales (IUE, IT, IVA, RC-IVA, ICE, ISAE Y GA).

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PACTO FISCAL: CNA SE REÚNE SIN ACUERDO SOBRE COPARTICIPACIÓN

Las gobernaciones de La Paz, Tarija y Santa Cruz insisten en la redistribución de recursos de ese fondo. Ven que se requiere “voluntad política” del Gobierno.

reunion-cnamiércoles, 07 de marzo de 2018 (Página Siete).-El Consejo Nacional de Autonomías (CNA) se reúne hoy  en medio de desacuerdo sobre la propuesta de tres gobernaciones  de acceder a recursos de la coparticipación tributaria.
Los representantes de las  gobernaciones de La Paz, Tarija y Santa Cruz afirmaron  que no hay acuerdo sobre el tema  e insistieron  en que se dé vía libre a la propuesta de acceder a recursos de  la coparticipación. También coincidieron en  que el Gobierno debe tener “voluntad política” para ello.

Por su parte, desde el Órgano Ejecutivo se sostuvo  que no es posible hablar del tema de la coparticipación, sin que primero las gobernaciones que demandan aquello identifiquen a qué sector quieren afectar   para redistribuir  los recursos de ese fondo.

“El Gobierno se refugia en decir que los recursos de coparticipación ya están asignados. Es cierto que están, pero con voluntad política se puede redistribuir la coparticipación”, dijo Rubén Ardaya,   secretario de Gestión Institucional de la Gobernación de Tarija.
Según el secretario de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, no es cierto que se deba “cortar el presupuesto” a ciertos sectores. “Nuestra respuesta es sencilla: cortemos el despilfarro”,  dijo.

“Nosotros no queremos que les corten a los médicos o a los demás”, afirmó. La autoridad departamental agregó que  eliminar el derroche implica no llevar adelante obras como el  museo de Orinoca o el nuevo  Palacio de Gobierno.
Los representantes de las  gobernaciones subrayaron  que hay  alternativas de redistribución. “Hemos presentado una propuesta razonable técnicamente,  que establece la redistribución de la coparticipación: 50% para el Gobierno, 50% para el gobierno subnacional. Queremos terminar con el Estado centralista”, dijo Peña, quien afirmó que los ciudadanos tienen derecho a que se redistribuyan sus recursos en función de  “dónde” estén sus necesidades.

La representación de la Gobernación de Tarija,  que plantea acceder al 15% de la coparticipación,  sostuvo  que  el Gobierno  puede cubrir “el vacío” -que puede generarse con la redistribución de ese fondo-   con otros ingresos,  como el de las notas de crédito fiscal,  los recursos no ejecutados de las empresas públicas, o con los recursos “que tiene de libre arbitrariedad y de libre recurso,  como el programa Bolivia cambia, Evo cumple”.
“Si es que en el  CNA no se llega a un acuerdo sobre la redistribución de la coparticipación, el  Pacto Fiscal,  que ya tiene siete años de demora, no habrá sido nada más que una farsa y un engaño al pueblo de Bolivia y un incumplimiento de las normas pactadas en la Ley Marco Autonomía”, aseveró Ardaya.
El director del Servicio Departamental de Autonomías de la Gobernación de La Paz, Fabián Yaksic, lamentó el  resultado que  hasta ahora logró  el   Pacto Fiscal. “Parece que  estamos ante las puertas de un fracaso”, aseguró.
“Es un diálogo sin Pacto Fiscal, dada la posición del Gobierno de no proponer ninguna opción, ni ideas sobre cómo resolver las profundas asimetrías que se presentaron, especialmente en las gobernaciones de todo el país”, agregó Yaksic, quien   explicó que el  documento final  no reconoce ninguna propuesta de reforma normativa al régimen económico vigente.  “Lo que queda es mantener negociaciones si hay voluntad política de parte del Gobierno”, dijo.
El viceministro de Autonomías, Hugo Siles, reafirmó que hay una inviabilidad en el pedido de acceso a la coparticipación, puesto que consumarlo implicaría  afectar  a algunos sectores a los que hoy se destinan recursos de ese fondo.
Los representantes de las gobernaciones coincidieron en que no esperan la asistencia del presidente Evo Morales al CNA.  “El Presidente no asiste, no le da interés al Pacto Fiscal”, manifestó Ardaya.

Siles explicó que las reuniones del  CNA son convocadas por Morales;  sin embargo, dijo que “con  el Presidente o sin él, el CNA  ya tiene una agenda definida”.

Los recursos

  • Recursos  Según información oficial,  del 100% de los recursos de la coparticipación tributaria, el 75% va al TGN (el otro 25% está dirigido para las entidades territoriales autónomas y al sistema universitario); el Gobierno administra el 3% de ese 75%. El resto va a   educación, a salud y deportes,  a rentas y pensiones, a las FFAA  y    la  Policía.
  • Pedido  La Gobernación de La Paz propone acceder a un 10% de la coparticipación; Tarija, al  15%;  y Santa Cruz, al  20%.
PRESENTACIÓN PROPUESTA DE PACTO FISCAL GADLP SIETE (2)

SIN PACTO FISCAL NO HAY AUTONOMÍAS

DOSSIER PACTO FISCAL (PARTE 1-12)La Paz, 5 marzo 2018 ( gobernacionlapaz.gob.bo) .-Hay que reconocer que  la sociedad boliviana en general y la prensa con ella, no le dio mucha importancia al proceso del Pacto Fiscal, entre otras razones porque se impuso la idea de que el mismo era uno más de los conflictos suscitados entre el oficialismo y la oposición.

Un Pacto Fiscal es una obligación que surge de la Disposición 17ma de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización N° 031 del año 2010 que señala que: “El Servicio Estatal de Autonomías en coordinación con el Ministerio de Autonomías y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, elaborarán una propuesta técnica de diálogo para un pacto fiscal analizando las fuentes de recursos públicos en relación con la asignación y el ejercicio efectivo de competencias de las entidades territoriales autónomas y el nivel central del Estado”. En esta misma Disposición se señala que el dialogo debería iniciarse a los seis meses después de publicados los resultados oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012.

Recientemente el Servicio Estatal de Autonomías presentó una propuesta de “Documento Final del proceso de diálogo del Pacto Fiscal” y el mismo, fue rechazado por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (GADLP) entre otras razones porque dicho documento “no contempla ninguna propuesta de reforma normativa del régimen económico financiero” que justifique  la necesidad de un pacto y porque mantiene intacta la actual distribución recursos fiscales que es particularmente desfavorable para el Departamento de La Paz hasta el extremo de convertirlo en el departamento con menor presupuesto per cápita de Bolivia.

Actualmente los proyectos de inversión pública del GADLP se financian sólo con los ingresos que se derivan de la renta petrolera (IDH. IEHD, Fondo de compensación), los ingresos propios y los de regalías mineras y forestales principalmente, pero no con los impuestos denominados nacionales que se recauda a nivel departamental. Por ello, una de las propuestas centrales del GADLP al mecanismo del Pacto Fiscal fue la coparticipación del 10% en la distribución de los impuestos nacionales para las nueve gobernaciones. A diferencia de otros departamentos, el GADLP no cuenta con regalías hidrocarburíferas, y no coparticipa de los impuestos que se recaudan anualmente en el departamento de La Paz que -dicho sea de paso- alcanzan un promedio de 16.000 millones de bolivianos anuales en los últimos años, es decir, cerca de 2.300 millones de dólares por año.

Por la importante recaudación de impuestos y tributos aduaneros en el departamento de La Paz, se puede inferir que -por lo menos en el campo financiero- el problema central del departamento de La Paz no es la escasez de recursos sino la falta de un adecuado, equitativo y justo mecanismo de redistribución de recursos fiscales y voluntad política para ello. El presupuesto de inversión pública del GADLP en la gestión 2018 es de sólo 273 millones de bolivianos, es decir, se cuenta con cerca de 40 millones de dólares para atender múltiples y diversas necesidades de 7 regiones, 20 provincias y 87 municipios que conforman el Departamento de La Paz.

La enorme diferencia entre lo que se recauda en el departamento (Bs.16.000 millones) y el presupuesto de inversión del Gobierno departamental (de solo Bs.273 millones) en la presente gestión, muestra que no se ha realizado el mínimo esfuerzo de un análisis de los costos de las competencias trasferidas a los gobiernos departamentales. Como ejemplo, En la actualidad el GADLP cuenta con una cartera de proyectos de caminos departamentales cuyo presupuesto requerido para inversión alcanza la suma de 13.000 millones de bolivianos. Si se destina la mitad del presupuesto de inversión actual del GADLP solo para caminos, necesitaríamos cerca de cien años para ejecutar la actual cartera de proyectos.

Al parecer, el proceso autonómico en Bolivia, sólo le ha servido al gobierno central para contar con una mayor disponibilidad de recursos fiscales, al transferir competencias u obligaciones a las Entidades Autónomas Territoriales, sin la respectiva asignación de recursos financieros adicionales para el ejercicio adecuado de las mismas. De ese modo, las inversiones que hace el gobierno central en el departamento de La Paz, como los teleféricos por ejemplo, terminan apareciendo como un acto de generosidad cuando en el fondo lo único que se hace es devolver parte de los impuestos y tributos aduaneros que se recaudan en el departamento de La Paz.

Hasta el momento se ha incumplido con el art. 305 de la Constitución Política del Estado que señala que “Toda asignación o transferencia de competencias deberá estar acompañada de la definición de la fuente de los recursos económicos y financieros necesarios para su ejercicio.”  El mecanismo del “Pacto Fiscal” ha sido diseñado precisamente para subsanar ese incumplimiento y compatibilizar la distribución de competencias con la asignación de recursos fiscales adicionales en las Entidades Territoriales Autónomas.

El “Pacto Fiscal” es entonces la oportunidad para el actual gobierno central de cumplir con el mandato legal de profundizar el carácter autonómico del Estado Plurinacional de Bolivia. Ello significa una distribución más justa y equilibrada de los recursos fiscales entre el nivel central y las Entidades Territoriales Autónomas. Una distribución más justa supone necesariamente, por lo menos para el departamento de La Paz, la coparticipación del su Gobierno Departamental de los impuestos nacionales. De no ocurrir eso la población del departamento quedará en una situación de desamparo por lo menos hasta la llegada de un nuevo Gobierno nacional, con verdadera vocación autonómica.

El Autor del presente artículo, Francisco E. Agramont Botello es sociólogo y Secretario Departamental de Planificación del Desarrollo.

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