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PACTO FISCAL A LA DERIVA

SUPLEMENTO ANIMAL POLÍTICO/LA RAZÓN/25 MARZO 2018

FANIMAL RED CORT YAKSIC POLÍTICO 260318 011abián II Yaksic Feraudy*

A más de un año debatiendo el Pacto Fiscal en 15 sesiones de la Comisión Técnica (CTPF) y nueve del Consejo Nacional de Autonomías (CNA), el diálogo ha perdido el rumbo, por la manera como el Gobierno Nacional ha encarado este proceso, estableciendo que el mismo no implicaría ningún tipo de modificaciones al régimen económico financiero sino meros ajustes administrativos que mejoren la gestión subnacional. En este tiempo se logró apenas resumir los “acuerdos y disensos” en un documento de tres hojas denominado eufemísticamente “Mandatos y alternativas de financiamiento”, que no son otra cosa que 25 buenas intenciones y potenciales fuentes alternativas de financiamiento que serán abordadas en otras nuevas comisiones y consejos sectoriales a constituirse.

El país tuvo dos reformas fiscales importantes, en 1986 con la Ley 843 estableciendo un nuevo régimen tributario; y en 1994-95 con la Ley de Descentralización Administrativa y Ley de Participación Popular que municipalizó el país estableciendo la distribución automática de la Coparticipación Tributaria por población a todos los Gobiernos Municipales, quitando a las Prefecturas (hoy Gobernaciones) esta fuente de recursos y condenándolas a una dependencia de fuentes volátiles a los precios internacionales de exportación de materias primas (hidrocarburos y minería). El régimen económico financiero vigente desde hace más de 30 años ha provocado profundas asimetrías o desequilibrios entre regiones, perjudicando y postergando especialmente el desarrollo del Departamento de La Paz, cuya Gobernación es la entidad pública que menos recursos públicos dispone para el ejercicio de sus competencias. La Paz recibe apenas el 6% del total de los recursos transferidos a los Gobiernos Autónomos Departamentales (GADs), siendo el Departamento más poblado, con el 27% del total de la población nacional, según el CNPV del 2012. El Departamento de La Paz es el que contribuye con el 35% del total de impuestos recaudados en el país, que sumando la recaudación tributaria del Departamento de Santa Cruz, ambos aportan el 78% de los impuestos con los que se financia la inversión pública nacional, departamental y municipal.

Urge una tercera reforma fiscal, acorde con el nuevo régimen autonómico contemplado en la CPE que corrija al menos las asimetrías provocadas e implemente una agenda fiscal mínima, orientada especialmente a resolver las dificultades del nivel intermedio de gobierno (GADs). De todos los niveles del Estado, son los Gobiernos Autónomos Departamentales que hoy cuentan con menos recursos públicos y más competencias que hace 12 años, a diferencia del Gobierno Nacional y los Gobiernos Municipales, que gracias a los recursos de la Coparticipación Tributaria, cuentan con fuentes que les da mayor estabilidad financiera y que se han incrementado en el mismo período.

Los GADs están en crisis e insolvencia financiera, y requieren alternativas de financiamiento más estables, entre las que podemos mencionar las siguientes: 1. Incrementar la Coparticipación Tributaria de los GADs del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD); 2. Transferir a los GADs dominios tributarios nacionales cuyos hechos imponibles signifiquen una importante recaudación (ICE u otros); 3. Modificar las fuentes y propósito del Fondo de Compensación dirigido a aquellos GADs que cuenten con recursos per cápita por debajo del promedio nacional; 4. Restituir a los GADs el 10% en la Coparticipación Tributaria de los siete impuestos nacionales Impuesto al Valor Agregado (IVA), Régimen Complementario al IVA (RC-IVA), Impuesto a las Transacciones (IT), Gravamen Arancelario (GA), Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), Impuesto a los Consumos Específicos (ICE), Impuesto a las Salidas al Exterior (ISAE).

Adicionalmente el diálogo nacional del Pacto dejó varios temas pendientes a resolver, entre los que podemos mencionar los siguientes: 1. Devolver los recursos del IDH que hoy siguen financiando competencias nacionales (prediarios del régimen penitenciario, bono de vacunación, fondo de Exploración y Explotación de Hidrocarburos); 2. Cumplir lo establecido en el artículo 368 de la CPE en sentido de que los GADs de los Departamentos NO productores de Hidrocarburos (La Paz, Oruro y Potosí) deben recibir un porcentaje de estas regalías. Ya Beni y Pando lo hacen; 3. Establecer acuerdos voluntarios de concurrencia de la inversión pública departamental para el financiamiento de caminos de la Red Fundamental de competencia nacional, en función de los planes viales y la disponibilidad de recursos para contrapartes de cada Gobernación. 4. El Gobierno Nacional debe ajustar la normativa y los procedimientos existentes, a objeto de establecer mecanismos expeditos de libertad de gestión directa e irrestricta de las Entidades Territoriales Autónomas, ante los organismos de cooperación internacional, para el acceso a créditos y/o donaciones, como fuentes alternativas de financiamiento de la inversión pública departamental y municipal.

De no lograrse una nueva reforma fiscal, que al menos consolide la base material de los GADs, y puedan ejercer plenamente sus competencias, el “diálogo” habrá terminado sin pacto fiscal y seguirán las autonomías tuteladas desde el nivel central del Estado.

*Fabián II Yaksic Feraudy, ciudadano paceño de la República Plurinacional y Autonómica de Bolivia, ex Vice Ministro de Descentralización, ex Diputado Nacional. Actual Director del Servicio Departamental de Autonomías de La Paz, GADLP.

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FABIÁN YAKSIC OFRECE A EVO “SALVAR” EL PACTO FISCAL

fabian-yaksic-pacto-fiscal_2La Paz 12 de marzo, 2018 (http://www.elpaisonline.com).-El director del Servicio Departamental de Autonomías, Fabián Yaksic indicó que ante el temor y desinterés del Presidente, para implementar las autonomías, se presentó una nota ante Palacio de Gobierno, con propuestas que no afectan los abultados ingresos del gobierno central.

La Gobernación de La Paz presentó al gobierno central cuatro nuevas propuestas de alternativas de financiamiento para cumplir la Ley de Autonomías en lo referido al Pacto Fiscal e implementar las competencias de las nueve gobernaciones.
El propósito es que las discusiones del Pacto Fiscal, iniciadas el 31 de agosto de 2016, luego de la huelga de hambre de 12 días del Gobernador Félix Patzi, tenga resultado y beneficie, al gobierno central y a las entidades subnacionales: Gobernaciones, Municipios, Universidades, Pueblos Indígenas y otros. La Propuesta Uno es ampliar la Coparticipación Tributaria de las nueve gobernaciones, del 20% vigente, al 40% en lo referido al Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) y aumentar la participación de universidades en 5% adicional.

Distribución del IDH
El Impuesto Directo a los Hidrocarburos, señala la propuesta se distribuiría en: 50% al gobierno nacional, 40% a las 9 Gobernaciones (con Bs.1.078 Millones de nuevos ingresos) y 10% a Universidades.
La Propuesta Dos establece la transferencia de dominios tributarios nacionales (Impuesto a los Consumos Específicos-ICE e IEHD) a las gobernaciones cuyo objetivo es transformarlas, de receptores de transferencias a generadoras de recursos porque administrarían tributos con un comportamiento y origen más local que nacional.
El Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados tiene como base la comercialización de carburantes y lubricantes en cada departamento. El Impuesto ICE grava productos como: Cigarrillos, Vehículos, Bebidas energizantes, licores en general y otros.
La Propuesta Tres modifica el Fondo de compensación para gobernaciones con menor recurso por habitante, de 10% a un 30% lo que permitiría repartir, entre los nueve departamentos un total de Bs.780 millones, según cantidad de habitantes.

PRESENTACIÓN PROPUESTA DE PACTO FISCAL GADLP SIETE (2)

SIN PACTO FISCAL NO HAY AUTONOMÍAS

DOSSIER PACTO FISCAL (PARTE 1-12)La Paz, 5 marzo 2018 ( gobernacionlapaz.gob.bo) .-Hay que reconocer que  la sociedad boliviana en general y la prensa con ella, no le dio mucha importancia al proceso del Pacto Fiscal, entre otras razones porque se impuso la idea de que el mismo era uno más de los conflictos suscitados entre el oficialismo y la oposición.

Un Pacto Fiscal es una obligación que surge de la Disposición 17ma de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización N° 031 del año 2010 que señala que: “El Servicio Estatal de Autonomías en coordinación con el Ministerio de Autonomías y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, elaborarán una propuesta técnica de diálogo para un pacto fiscal analizando las fuentes de recursos públicos en relación con la asignación y el ejercicio efectivo de competencias de las entidades territoriales autónomas y el nivel central del Estado”. En esta misma Disposición se señala que el dialogo debería iniciarse a los seis meses después de publicados los resultados oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012.

Recientemente el Servicio Estatal de Autonomías presentó una propuesta de “Documento Final del proceso de diálogo del Pacto Fiscal” y el mismo, fue rechazado por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (GADLP) entre otras razones porque dicho documento “no contempla ninguna propuesta de reforma normativa del régimen económico financiero” que justifique  la necesidad de un pacto y porque mantiene intacta la actual distribución recursos fiscales que es particularmente desfavorable para el Departamento de La Paz hasta el extremo de convertirlo en el departamento con menor presupuesto per cápita de Bolivia.

Actualmente los proyectos de inversión pública del GADLP se financian sólo con los ingresos que se derivan de la renta petrolera (IDH. IEHD, Fondo de compensación), los ingresos propios y los de regalías mineras y forestales principalmente, pero no con los impuestos denominados nacionales que se recauda a nivel departamental. Por ello, una de las propuestas centrales del GADLP al mecanismo del Pacto Fiscal fue la coparticipación del 10% en la distribución de los impuestos nacionales para las nueve gobernaciones. A diferencia de otros departamentos, el GADLP no cuenta con regalías hidrocarburíferas, y no coparticipa de los impuestos que se recaudan anualmente en el departamento de La Paz que -dicho sea de paso- alcanzan un promedio de 16.000 millones de bolivianos anuales en los últimos años, es decir, cerca de 2.300 millones de dólares por año.

Por la importante recaudación de impuestos y tributos aduaneros en el departamento de La Paz, se puede inferir que -por lo menos en el campo financiero- el problema central del departamento de La Paz no es la escasez de recursos sino la falta de un adecuado, equitativo y justo mecanismo de redistribución de recursos fiscales y voluntad política para ello. El presupuesto de inversión pública del GADLP en la gestión 2018 es de sólo 273 millones de bolivianos, es decir, se cuenta con cerca de 40 millones de dólares para atender múltiples y diversas necesidades de 7 regiones, 20 provincias y 87 municipios que conforman el Departamento de La Paz.

La enorme diferencia entre lo que se recauda en el departamento (Bs.16.000 millones) y el presupuesto de inversión del Gobierno departamental (de solo Bs.273 millones) en la presente gestión, muestra que no se ha realizado el mínimo esfuerzo de un análisis de los costos de las competencias trasferidas a los gobiernos departamentales. Como ejemplo, En la actualidad el GADLP cuenta con una cartera de proyectos de caminos departamentales cuyo presupuesto requerido para inversión alcanza la suma de 13.000 millones de bolivianos. Si se destina la mitad del presupuesto de inversión actual del GADLP solo para caminos, necesitaríamos cerca de cien años para ejecutar la actual cartera de proyectos.

Al parecer, el proceso autonómico en Bolivia, sólo le ha servido al gobierno central para contar con una mayor disponibilidad de recursos fiscales, al transferir competencias u obligaciones a las Entidades Autónomas Territoriales, sin la respectiva asignación de recursos financieros adicionales para el ejercicio adecuado de las mismas. De ese modo, las inversiones que hace el gobierno central en el departamento de La Paz, como los teleféricos por ejemplo, terminan apareciendo como un acto de generosidad cuando en el fondo lo único que se hace es devolver parte de los impuestos y tributos aduaneros que se recaudan en el departamento de La Paz.

Hasta el momento se ha incumplido con el art. 305 de la Constitución Política del Estado que señala que “Toda asignación o transferencia de competencias deberá estar acompañada de la definición de la fuente de los recursos económicos y financieros necesarios para su ejercicio.”  El mecanismo del “Pacto Fiscal” ha sido diseñado precisamente para subsanar ese incumplimiento y compatibilizar la distribución de competencias con la asignación de recursos fiscales adicionales en las Entidades Territoriales Autónomas.

El “Pacto Fiscal” es entonces la oportunidad para el actual gobierno central de cumplir con el mandato legal de profundizar el carácter autonómico del Estado Plurinacional de Bolivia. Ello significa una distribución más justa y equilibrada de los recursos fiscales entre el nivel central y las Entidades Territoriales Autónomas. Una distribución más justa supone necesariamente, por lo menos para el departamento de La Paz, la coparticipación del su Gobierno Departamental de los impuestos nacionales. De no ocurrir eso la población del departamento quedará en una situación de desamparo por lo menos hasta la llegada de un nuevo Gobierno nacional, con verdadera vocación autonómica.

El Autor del presente artículo, Francisco E. Agramont Botello es sociólogo y Secretario Departamental de Planificación del Desarrollo.

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PAGINA SIETE 310118

Ejecutivo canaliza observaciones y prevé cita del CNA para febrero

Después de que la Gobernación paceña planteara 29 observaciones al documento final, el viceministro Hugo Siles dijo que el Gobierno las responderá.

Página Siete/Nacional/31/01/18/Lorena Rojas PazEjecutivo canaliza observaciones y prevé cita del CNA para febreroUna de las reuniones del proceso del Pacto Fiscal.

El viceministro de Autonomías, Hugo Siles,  afirmó que el Gobierno   responderá a las observaciones que hizo la Gobernación de La Paz sobre el Documento Final del Pacto Fiscal. También indicó que prevé que la sesión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA) será convocada por el presidente Evo Morales para fines del mes febrero.
“Nosotros vamos a responder. Las observaciones de la Gobernación de La Paz las estamos canalizando técnicamente como corresponde”, explicó  Siles a Página Siete.

Respuesta del Gobierno al gobernador de Tarija, en la que  explica que la redistribución de la coparticipación  es inviable porque afectaría a otros sectores.

El lunes, el gobernador de La Paz, Félix Patzi, envió una carta al Presidente,   en la que le hace conocer  29 observaciones al Documento Final del Pacto Fiscal. En la misiva, el líder opositor  también  le pide a Morales que  convoque, “a la brevedad posible”,  a una  sesión del CNA para tratar aquel texto y los puntos observados.

Siles sostuvo  que si bien el gobernador  Patzi mandó una carta con 29 observaciones, éstas no representan al departamento de  La Paz, sino sólo a la Gobernación paceña.
“Lo que debe quedar claro es que son observaciones y una nota de la Gobernación y el gobernador Félix Patzi, pero no es un rechazo al Pacto Fiscal de La Paz, porque ‘La Paz departamento’ tiene 89 gobiernos autónomos y tiene un gobierno autónomo departamental”, explicó Siles.
El viceministro de Autonomías     expresó que prevé  que el Gobierno convoque  a la reunión del  CNA  en febrero.   “Estamos tomando previsiones tentativamente para que sea a fines de febrero, pero la sesión va a ser convocada por el Presidente,  como todas las sesiones del Consejo Nacional de Autonomías son convocadas por el Presidente”, manifestó.
La autoridad   pidió que el tema sea tomado de forma   responsable y no manejado de manera política. Explicó que   la Gobernación de La Paz fue la última  en  enviar sus observaciones al documento final. También  criticó “la rígida posición del documento (de 29 observaciones ), dado que esta Gobernación insiste en una coparticipación tributaria, sin explicar a qué sector se pretende afectar”.

Según información oficial,  del 100% de los recursos de la coparticipación tributaria, el 75% va al Tesoro General de la Nación (el otro 25% está dirigido para las entidades territoriales autónomas y al sistema universitario); el Gobierno administra el 3% de ese 75%. El resto va a   educación, a salud y deportes,  a rentas y pensiones, las Fuerzas Armadas, y   Policía.

La carta  de respuesta del Gobierno al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas.

Siles explicó   que las gobernaciones  de Tarija y Santa Cruz hicieron un planteamiento similar al de La Paz (redistribuir la coparticipación tributaria). No obstante, dijo que hay  otras seis gobernaciones que están en contra.

“Hay seis gobernaciones (Pando, Beni, Chuquisaca, Potosí, Oruro y Cochabamba) que han rechazado esta propuesta de la coparticipación tributaria que plantean La Paz, Santa Cruz y Tarija. Estas gobernaciones saben que hay una inviabilidad en el pedido porque ellas tienen médicos, maestros, policías  y esto significaría despidos”, manifestó Siles.

http://www.paginasiete.bo/nacional/2018/1/31/ejecutivo-canaliza-observaciones-prev-cita-para-febrero-168358.html

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LA PAZ RECHAZA EL PACTO FISCAL Y HACE 29 OBSERVACIONES

La Gobernación paceña plantea negociar los mecanismos y criterios de distribución que permitan a las gobernaciones acceder a la coparticipación tribtaria.

Página Siete/Lorena Rojas Paz /30/01/18 La Paz

La Gobernación de La Paz envió una carta ayer  al presidente Evo Morales en la que le hace conocer   29 observaciones al documento final   del  Pacto Fiscal. El gobernador Félix Patzi le pidió  al Primer Mandatario  que convoque a una reunión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA).

“El reglamento establece que el documento final debió haber contenido propuestas de reforma del Régimen Económico Financiero;  no hay una sola propuesta, todo se deriva, como sabemos, a estas 12 o más comisiones de trabajo otra vez, otras comisiones, otros consejos sectoriales y no se da ninguna solución a esta problemática de las asimetrías”,  dijo  Fabián Yaksic,  director del Servicio Departamental de Autonomías.

Patzi, en la carta que le envió a Morales,   indica que  su Gobernación rechaza el contenido del documento final y le pide, además,  al Jefe de Estado  que llame  “a la brevedad posible” a  una sesión del CNA para tratar ese documento, así como las observaciones a ese texto.

La Gobernación de La Paz cuestiona  que en el documento final no se hayan incluido  las agendas productivas y sociales que cada departamento priorizó durante el proceso de diálogo, y critica también que no haya ninguna  propuesta de reforma normativa del Régimen Económico Financiero.

Entre las 29 observaciones también se establece que si el diálogo por el Pacto Fiscal “mantiene inalterable el Régimen Económico Financiero vigente desde hace 30 años, no  se puede hablar de ‘resultados del Pacto Fiscal’ a aplicarse de manera gradual y progresiva”, como establece el documento. (Más detalles en el cuadro adjunto).

En ese marco,  la Gobernación paceña plantea que en la próxima reunión del CNA se trate una agenda de ocho puntos.

Entre aquellos se indica que la sostenibilidad financiera de las gobernaciones  “pasa por su efectivo acceso a fuentes tributarias, sea por el mecanismo de la distribución y/o por la vía de la transferencia de dominios tributarios”.

Para ello, La Paz propone iniciar negociaciones para: 1) Establecer los mecanismos y criterios de distribución que permitiría que las gobernaciones accedan a los recursos de la coparticipación tributaria; 2) Acordar la transferencia de nuevos dominios tributarios a las gobernaciones “con capacidad recaudatoria considerable”, y 3) Definir los mecanismos y criterios para hacer posible un incremento porcentual en la participación de las gobernaciones del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados.

Otro planteamiento   es   “liberar”  a las gobernaciones de los  recursos del IDH que   destinan para  los prediarios del régimen penitenciario,  un  bono de vacunación y un monto que destinan  a financiar la exploración y explotación hidrocarburífera. Solicitan que  el Gobierno  asuma  el financiamiento de esas competencias, para que las gobernaciones puedan atender sus propias competencias exclusivas.

 Observaciones  al  documento final

  • Agendas   El documento final (DF) no incluye las agendas productivas y sociales que cada departamento priorizó, tampoco contempla ninguna   propuesta de reforma normativa del Régimen Económico Financiero.
  • Gradualismo   Si el Pacto Fiscal “mantiene inalterable el Régimen Económico Financiero vigente desde hace 30 años, no se puede hablar de ‘resultados del Pacto Fiscal’ a aplicarse de manera gradual y progresiva”.
  • Régimen   El DF se remite a un fallo del Tribunal Constitucional para definir el término “régimen” y omitió   la redacción de  Régimen Económico Financiero de  la Ley de Autonomías.
  • Impuestos     Si bien las  Entidades Territoriales Autónomas pueden crear impuestos, hay  una “limitación estructural”. La Ley 154 otorgó a las gobernaciones “dominios tributarios de relativo rendimiento”. De los tres transferidos a las gobernaciones, el impuesto a la sucesión hereditaria “es el único que se viene cobrando”. No ocurre lo mismo con los dominios referentes a   vehículos de  navegación aérea y acuática, y  al medio ambiente.
  • ¿Pereza fiscal?    Es correcta la afirmación que hace el DF de que en las gobernaciones hay   “una marcada dependencia de las transferencias de recursos desde el TGE, especialmente de los procedentes de los hidrocarburos”, pero  no es correcto   sostener que  se deba a una “pereza fiscal”,  sin antes analizar los dominios tributarios asignados que tienen  dudoso rendimiento.
  • Situación    El DF, en el punto  referido al diagnóstico de las finanzas públicas, ignora “la  situación crítica” por la que están atravesando   todas las gobernaciones. En el análisis de las fuentes de recursos públicos no se muestra  que las gobernaciones son el único nivel del Estado que hoy recibe menos recursos que hace 11 años.
  • Asimetrías    El DF,  en  lo que se refiere al diagnóstico de las fuentes de recursos,   ignora las asimetrías  “provocadas por el régimen económico financiero vigente”, que perjudicó al departamento y especialmente a la Gobernación paceña, que es la  que menos recursos recibe de todas, tanto en términos absolutos como per cápita.
  •  Hidrocarburos   El DF ignoró la propuesta de la  Gobernación paceña sobre el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD) a fin de modificar la estructura de participación de este tributo entre las gobernaciones, universidades y el Gobierno. La transferencia de un porcentaje del IEHD es una de las fuentes más sostenibles con la que cuentan las gobernaciones para financiar sus competencias.
  • Retraso   Cuando se conformó los consejos sectoriales y comisiones técnicas se aprobó un cronograma de instalación de los mismos, que ya lleva un retraso de más de un mes.
  •  Diálogo    No se contempló  la participación de la ciudadanía y otros estamentos  institucionales que pudieron  enriquecer el proceso.

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GOBERNACIONES SOLICITAN CITA CON EVO PORQUE “NO HAY PACTO FISCAL

Autoridades departamentales de La Paz, Santa Cruz y Tarija quedaron insatisfechas con el diálogo; piden encuentro con Morales, en el marco del CNA.

Pagina Siete. Lorena Rojas Paz / La Paz.

pagina-siete-pfA pesar de que la quinta etapa del Pacto Fiscal llegó a su fin,   hay autoridades de gobernaciones  que sostuvieron  que en realidad  “no hay Pacto Fiscal”, y pidieron, además,  una reunión  con el presidente Evo Morales,  en el marco del Consejo Nacional de Autonomías (CNA).  Esto con el fin de  debatir, en primera instancia,  el tema de acceder a un porcentaje de la coparticipación tributaria.

Los gobiernos autónomos departamentales  de  La Paz, Santa Cruz  y Tarija quedaron insatisfechos con el resultado  del diálogo del Pacto Fiscal. El proceso concluyó  con la elaboración del documento final y la definición de las  “25 alternativas de financiamiento” para las Entidades Territoriales Autónomas. Una de  ellas -la número 18- es   “el análisis de factibilidad de los cambios en la distribución de los recursos de coparticipación tributaria”.

“Nosotros por supuesto no estamos de acuerdo con esas 25 alternativas planteadas por el Viceministerio de Autonomías,  porque en realidad lo único que hace es relativizar el Pacto Fiscal. Eso es una burla para el país. Hay que hablar en serio sobre el Pacto Fiscal y creemos que lo mejor es hablar con el Presidente y el CNA. El Pacto Fiscal sin redistribuir la coparticipación tributaria no tiene ningún sentido”, dijo el secretario ejecutivo  de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña.

La Gobernación de La Paz plantea que los gobiernos departamentales accedan al 10% de la coparticipación tributaria. Las gobernaciones de Santa Cruz y   Tarija también plantean  acceder a un porcentaje de ese fondo.

 Peña manifestó que hay  la necesidad de debatir el tema con el presidente  Morales.  “Hay que hablar en serio sobre el Pacto Fiscal y creemos que lo mejor es hablar con el presidente Evo Morales  y el Consejo Nacional de Autonomías. El Pacto Fiscal sin redistribuir la coparticipación tributaria no tiene ningún sentido”, expresó.

El secretario  general de la Gobernación de Tarija, Rubén Ardaya, aseguró  que ahora lo primero que debe hacerse es que el presidente Morales convoque a una sesión extraordinaria del CNA para que se pueda definir ese punto, antes de entrar en el trabajo de comisiones. “De qué sirven las comisiones si es que no vamos a resolver lo principal”, afirmó la autoridad.

El  director del Servicio Departamental de Autonomías de la Gobernación de La Paz, Fabián Yaksic, lamentó el resultado del  Pacto Fiscal.  “Este proceso que concluye con  el documento final, concluye sin  un Pacto Fiscal, y concluye con tareas a desarrollar adelante en torno a esos 25 puntos que se han anotado, sin generar ningún tipo de acuerdo”, manifestó.

Yaksic agregó: “Esperemos que se discuta seriamente y no entrar en descalificativos de parte del Gobierno de lo que hemos propuesto varias gobernaciones, entre ellas Tarija, Santa Cruz y La Paz, con diferentes perspectivas, propuestas”.

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AUTONOMÍA SIN PACTO FISCAL

“El Gobierno y las regiones llegan a la última etapa de discusión para alcanzar el pacto fiscal sin un acuerdo sobre los recursos públicos que financiarán las autonomías. El Ejecutivo afirma que existen 25 alternativas de financiamiento y las gobernaciones señalan que son opciones “complementarias” pero insisten en que el “tema de fondo” es la redistribución de recursos”, señala el párrafo introductorio de un artículo publicado este 10 de diciembre, en el suplemento Animal Político del matutino La Razón, titulado “Autonomía sin Pacto Fiscal”, escrito por  la periodista Aline Quispe.

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La Razón (Edición Impresa) / Aline Quispe / La Paz
13 de diciembre de 2017
El Gobierno y las regiones llegan a la última etapa de discusión para alcanzar el pacto fiscal sin un acuerdo sobre los recursos públicos que financiarán las autonomías. El Ejecutivo afirma que existen 25 alternativas de financiamiento y las gobernaciones señalan que son opciones “complementarias” pero insisten en que el “tema de fondo” es la redistribución de recursos.

Según el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, estas 25 alternativas de financiamiento fueron elaboradas y aprobadas en consenso, el 11 de noviembre, en la decimoquinta reunión de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal, conformada por representantes del Gobierno, gobernaciones, municipios, autonomías regionales e indígenas campesinas.

La autoridad sostiene que la “propuesta conjunta” también se validó en el Consejo Nacional de Autonomías.

En su criterio, las 25 alternativas “son viables” y serán discutidas por el Gobierno y las entidades autónomas en mesas técnicas, para luego llegar a un acuerdo y consolidar las propuestas, aunque éstas deben tener respaldo técnico.

Se entiende por pacto fiscal al resultado de un proceso de concertación y aplicación de acuerdos entre el Gobierno y las entidades territoriales autónomas, con participación social para la gestión de los recursos públicos.

La disposición transitoria decimoséptima de la Ley Marco de Autonomías, aprobada en 2010, establece que el Gobierno elaborará una propuesta técnica de diálogo para un pacto fiscal analizando las fuentes de recursos públicos en relación con la asignación y ejercicio efectivo de competencias de las entidades autónomas.

El viceministro anuncia que este mes se presentará un documento final sobre el pacto fiscal que prepara el Servicio Estatal de Autonomías con la idea de cerrar el diálogo sobre este proceso.

“Pero, el pacto fiscal como tal se implementará de manera gradual y progresiva a partir de la etapa cuarta y quinta que tienen mandatos que son las mesas técnicas, los consejos de coordinación sectorial y la agenda legislativa que tenemos”, explica Siles.

Para el analista económico Jimmy Osorio, la quinta etapa del pacto fiscal ha concluido con una “declaración de 25 intenciones” sobre las posibles fuentes de recursos para financiar las autonomías, pero no se ha alcanzado un “acuerdo vinculante” entre el Gobierno y las entidades autónomas a fin de mejorar el buen uso de los recursos públicos, reducir los desequilibrios existentes entre las regiones y lograr un eficiente gasto público.

Una muestra de esto es que no se ha logrado una determinación acerca de la propuesta sobre la redistribución o no de la coparticipación tributaria, repartición que se mantiene en el escenario actual.

En ese contexto, Osorio afirma que es muy riesgoso que los municipios y gobernaciones hayan avalado esta declaración de intenciones debido a que no se han logrado definiciones concretas sobre el uso de los recursos públicos.

Siles indica que entre las 25 opciones de financiamiento para el pacto fiscal está “analizar en una comisión técnica la viabilidad de transferir” a los gobiernos departamentales el dominio tributario del Régimen Agropecuario Unificado (RAU), el Impuesto al Juego (IJ), el Impuesto de Participación al Juego (IPJ) y los tributos de afectación medioambiental por las actividades hidrocarburíferas, mineras y de electricidad.

El delegado de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal de la Gobernación de La Paz, Fabián Yaksic, sostiene que se debe evaluar ese traspaso de dominios tributarios porque los actuales ingresos tributarios “son limitados”.

Sin embargo, asegura que el departamento no renunciará a la propuesta de redistribución tributaria debido a que es el “único” mecanismo con el que se pueden corregir las asimetrías que afectan a varias regiones”. “En el fondo, todas las gobernaciones tienen la necesidad de contar con recursos financieros que sean estables en el tiempo y lo único que lo garantiza es la redistribución de la coparticipación tributaria”.
Hoy, las regiones obtienen recursos por los tributos: a la sucesión hereditaria y donaciones de bienes inmuebles y muebles sujetos a registro público; la propiedad de vehículos a motor para navegación aérea y acuática; la afectación medioambiental, excepto las causadas por vehículos, actividades hidrocarburíferas, mineras y electricidad.

Para el secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, la cesión de dominios tributarios y las otras alternativas son “complementarias” debido a que el “tema central” es la redistribución de recursos y por ello se planteó que el 50% sea reasignado al Gobierno, el 23% a los municipios, el 20% a las gobernaciones, el 6% a las universidades estatales y el 1% a las autonomías indígenas.

“El pacto fiscal significa acordar una nueva redistribución de recursos en función de una nueva realidad del Estado autonómico, en función de las responsabilidades y competencias de cada nivel de gobierno y también significa la redistribución de la coparticipación tributaria”, afirma Peña.

Yaksic precisa que La Paz propuso modificar la coparticipación tributaria de la siguiente manera: el 65% de los ingresos para el Gobierno, el 20% para las alcaldías, el 10% para los gobiernos regionales y el 5% para las universidades. En tanto, la Gobernación de Tarija sugirió que el Ejecutivo administre el 50% de los recursos, el 28% los municipios, el 15% las gobernaciones y el 7% las universidades. Respecto de este tema, en el documento aprobado por el Gobierno y las entidades autónomas se considera como una opción de financiamiento el “análisis de la factibilidad y las condiciones de los cambios en los criterios de distribución de los recursos de coparticipación tributaria”.

La Ley 1551 de Participación Popular, vigente desde 1994, dispone que el 75% de la torta tributaria se destine al nivel central de gobierno, el 20% a las municipalidades y el 5% a las universidades.

El Viceministro de Autonomías reitera que el pedido de redistribución de recursos es “técnicamente inviable” debido a que esos dineros ya están designados a varios rubros y si la solicitud se consolida se generarían conflictos sociales.

La autoridad ratifica que del 75% de la torta tributaria, el 30% se reparte a educación, el 18% a pensiones, el 11% a salud, el 6% a las Fuerzas Armadas, el 6% a la Policía y solo el 3% se destina a la administración central.

“Esa es la fotografía de la realidad sobre los recursos de la coparticipación tributaria, entonces nosotros hemos preguntado a las gobernaciones que hicieron su propuesta ¿a quién quieren afectar? y no nos han respondido pues es inviable”, señala Siles.

Yaksic dice que se espera que se consolide la factibilidad de modificar la distribución de recursos de coparticipación tributaria porque, si bien el Gobierno justificó que no es posible aplicar esa propuesta dada la “característica inflexible del presupuesto”, debe hacerse una “reingeniería” de la distribución de recursos.

Osorio considera que si bien los gobiernos subnacionales demandan recursos por la reducción de sus ingresos debido a la baja del precio del petróleo, se requiere efectuar un estudio técnico sobre estas fuentes de recursos que sean sostenibles en el tiempo.

Otra fuente de recursos planteada y cuya viabilidad se debe analizar en una mesa técnica es la modificación del artículo 10 de la Ley 3302 para la transferencia al Gobierno del costo del bono de vacunación y del prediario de los privados de libertad sin sentencia.

Yaksic señala que si se consolida esta medida es parte de las “correcciones” que debe hacer el Gobierno de varias fuentes de recursos públicos y obligaciones que han mermado el presupuesto de las entidades autónomas.

A decir de Osorio, si las entidades territoriales no tienen los recursos para cubrir algunas obligaciones, pueden devolver las competencias y pasarlas a un nivel superior de administración, como ocurre en otros países del mundo.

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TRIBUTOS QUE FINANCIAN AL ESTADO VIENEN DE LA ÉPOCA NEOLIBERAL

fabianyaksic-paginasieteLa autoridad dice que el Gobierno no reformó el régimen económico financiero heredado. Plantea que gobernaciones accedan a la coparticipación tributaria.

Lunes, 27 de noviembre de 2017 (Pagina Siete).-

Fabián Yaksic,  director del Servicio Departamental de Autonomías, dice  que los impuestos y regalías con los que hoy se financia el Estado Plurinacional provienen del Estado Neoliberal, porque  el Gobierno no hizo ninguna reforma  al régimen económico financiero heredado.

¿Por qué es necesaria una redistribución  en el pacto fiscal?

Es grave lo que sucedió con el régimen económico financiero que heredamos de los últimos 30 años. El régimen neoliberal estableció las bases del régimen tributario que no fue  modificado un ápice en los   once años del Gobierno.

Aquello implica que todos los impuestos, regalías, con los cuales hoy se financia el Estado Plurinacional vienen del Estado Neoliberal. Esa es la paradoja de este proceso, que decidió no cambiar nada de lo de antes, porque le ha convenido, porque antes  había un concepto centralista de manejo de recursos.  El Gobierno no hizo ninguna reforma a ese régimen económico financiero.

¿Cómo se origina  el artículo del  pacto fiscal en la Ley Autonómica?

Queda  para la historia. En esa época cuando discutíamos la ley, yo era diputado, el 2010. Y con el senador Germán Antelo de Santa Cruz y otro legislador logramos introducir  una disposición transitoria. Dijimos: “Como no hay régimen económico financiero en la Ley Marco de Autonomías, trabajemos un pacto fiscal, para que a los seis meses del nuevo censo, debatamos”. De ahí viene.

¿Cuál es la principal asimetría que se identifica? 

Las gobernaciones son el único nivel del Estado que hoy recibe menos recursos de transferencias (impuestos y regalías) que hace 11 años, a diferencia del nivel central (que pasó de recibir 12.000 millones en 2006 a 35.000 millones de bolivianos en 2016), de las autonomías municipales (que pasaron de 4.800 millones  en 2006 a  14.000 millones el 2016) y la autonomía universitaria (que pasó de 1.500 millones a 3.500 millones).

Las nueve gobernaciones, y ahí está el eslabón más débil en términos de transferencia de recursos, el año 2016 recibieron 4.800 millones de bolivianos y el 2016, 4.700 millones. El 2017 ya es más grave: ha bajado a 4.400 millones.

¿Por qué se dio aquello?

Hicimos un análisis de lo que pasó con el IDH, primer factor de distorsión asimétrica. El 2008 empieza a notarse la diferencia en la percepción de recursos, por ejemplo, vertical entre municipios y gobernaciones. Hasta  2007, las  gobernaciones y los 300 municipios de esa época recibían más o menos la misma cantidad de recursos. Pero en  2007 se cambió -vía decreto – la fórmula de distribución del  IDH. Las gobernaciones de recibir el 57%, bajaron al 24%; los municipios subieron de 34,4% a 67% y las universidades se mantuvieron.

La otra fuente que marca estas diferencias es que el nivel central, universidades y municipios cuentan con  recursos de coparticipación tributaria, una de las fuentes más sostenibles en el tiempo.  Las gobernaciones no participan en un sólo boliviano sobre esa coparticipación.

¿Qué asimetrías entre gobernaciones se detectaron?

En 2014, año en que más recursos recibimos todos los niveles del Estado, del 100% de regalías  a las gobernaciones, el 52% se transfirió a Tarija, por el peso de las regalía hidrocarburífera. Beni recibió por regalías 5,2% y La Paz, 3,1%, por ejemplo. Uno dirá, pero Beni no es productor de hidrocarburos, pero extrañamente Beni y Pando se beneficiaron con el 1% de las regalías. Eso le permite subir en cantidad de recursos.  La Paz no contó con esa posibilidad, pese a que la Constitución dice  que los departamentos no productores de hidrocarburos deben recibir un porcentaje. Eso  no se cumple y es un tema   pendiente que lo pusimos en la carpeta de negociación.

En el momento del auge, Tarija recibió casi 4.000 millones de bolivianos por regalías. Santa Cruz, 1.400 millones; Potosí, 873 millones; La Paz, 625 millones de bolivianos…   ¿En términos de porcentaje qué significa eso? La Paz tiene el 27% de la población del país – es el departamento más habitado, según el censo- y el 2014 recibió sólo el 6% de los recursos transferidos a las gobernaciones.  Tarija concentró el 41%, siendo que su población no llega al 5%. Cuando divides esto en per cápita, La Paz recibió 230 bolivianos; Tarija, 8.200 bolivianos; y Beni, 1.500. Ahí están las asimetrías.

¿El IDH que recibe La Paz qué le  permite financiar?

El IDH se evaporó. Por leyes nacionales se va casi 85% de los recursos del IDH (cofinanciar la Renta Dignidad, seguridad ciudadana, pago de prediarios, luz, agua de cárceles, etc). ¿Qué le queda a la gobernación para ejecutar sus competencias? El 15%. En esas condiciones, la gobernación  tiene enormes dificultades para poder mínimamente ser protagonista del desarrollo del departamento.

¿Hay un  cálculo de cuánto requiere  La Paz cada año?

Establecimos la necesidad de una agenda que vaya paso a paso con los objetivos de desarrollo sostenible de las NNUU hacia el 2030. En La Paz requeriríamos al 2030 alrededor de 22.000 millones de bolivianos, mínimo, para gatillar su desarrollo.  ¿Cuánto tenemos? Con el  techo presupuestario actual, que es más o menos cada año en promedio 300 millones de bolivianos para inversión pública, tendríamos 3.400 millones para 2030. ¿Cuánto necesitamos? 18.000 millones adicionales. Lo mínimo que necesita La Paz es 1.000 millones  adicionales cada año.

¿Qué propone La Paz para lograr  más recursos?

La Paz no puede renunciar a la coparticipación tributaria. El pacto fiscal no se cerró. El 10% de coparticipación tributaria para las gobernaciones, que propone nuestro gobernador, es más o menos emulable al 11% de regalías para Santa Cruz que le significó desde la década del 50, 60 una inyección de recursos importantes.

HOJA DE VIDA

  • Perfil  Fabián Yaksic es paceño. Tiene Diplomado en Gobernabilidad y Gerencia Política.
  •  Trayectoria   Fue viceministro de Descentralización, diputado uninominal.
  •   Libros     Es autor de Interpelación silenciosa del voto blanco y nulo, y Asamblea Legislativa Plurinacional.
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POR REGLAMENTO, PACTO FISCAL DEBE CONCLUIR EN UNA PROPUESTA DE REFORMA AL RÉGIMEN ECONÓMICO FINANCIERO VIGENTE

La Paz, noviembre 17, 2017 (SEDALP).- El delegado a la Comisión Técnica del Pacto Fiscal por la Gobernación de La Paz, Fabián Yaksic, informa en medios de prensa que de acuerdo al artículo 38 del Reglamento de Funcionamiento y Debates del Pacto Fiscal, éste proceso iniciado hace un año debe concluir con la elaboración de un documento final, a cargo del Servicio Estatal de Autonomías (SEA), que incluya una Propuesta de Reforma Normativa al Régimen Económico Financiero, análisis de las fuentes de recursos, acuerdos para la asignación e inversión pública efectiva, además de las agendas productivas y sociales priorizadas por cada departamento.
El delegado Yaksic aclara que los 25 puntos consensuados en la Etapa 5 del proceso de diálogo y los dos disensos referidos al Análisis de las Fuentes de los Recursos, son tan solo “todos muy buenas intenciones por el momento”.
“Son 25 temas que pueden traducirse en alternativas reales de financiamiento. Eso lo tendrá que definir el documento final y el resultado del trabajo de las comisiones que recogerán parte de estos 25 puntos que requieren mayor análisis. Ojalá que ese documento nos dé las luces para discutir el acuerdo final y realizar los ajustes necesarios, y así en unas semanas más estemos en condiciones de suscribir un pacto fiscal que realmente siente las bases para corregir todos los desequilibrios y fortalecer las autonomías. Lo que estamos pidiendo son recursos para que la población pueda recibir obras y servicios, por lo tanto estamos hablando del presente y del futuro de la comunidad”, finalizó la autoridad.


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DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE RECURSOS PARA LAS GOBERNACIONES REQUIERE DE LA DECISIÓN POLÍTICA Y TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE AUTONOMÍAS

15AVALa Paz, noviembre 13, 2017 (SEDALP).- La demanda de la ampliación de la coparticipación tributaria que, coincidentemente, presentaron los gobiernos autónomos departamentales de Santa Cruz, Tarija y La Paz ante la Comisión Técnica del Pacto Fiscal (CTPF), será analizada por el Consejo Nacional de Autonomías (CNA) el próximo miércoles, al precisar un nivel de decisión política y técnica por parte de las autoridades que conforman esa instancia. La décimo quinta reunión de la CTPF efectuada el sábado 11 no logró definir este requerimiento y determinó encargar el análisis de este punto al CNA.

“Ahora corresponde el debate del pacto fiscal en sí, éste proceso de diálogo debe concluir en una propuesta de reforma al régimen económico financiero que nos ha creado muchos problemas. Para las gobernaciones la necesidad de la coparticipación tributaria es fundamental. Habrá que buscar las formas en que esto sea posible”, informó el delegado a la CTPF, Fabián Yaksic.

“No podría decir que como departamento de Tarija estamos totalmente de acuerdo con la conclusión a la que hemos llegado en la 15ava reunión de la CTPF porque no se han podido incluir puntos específicos, por ejemplo, la redistribución de la coparticipación tributaria en porcentajes específicos, no se ha podido lograr ese nivel de especificidad, pero se ha logrado incluir por lo menos que el Consejo Nacional de Autonomías pueda analizar la redistribución de la coparticipación, la disminución de los ingresos de las gobernaciones en los últimos diez años y una serie de puntos que favorecen a las otras entidades territoriales autónomas”, afirmó el delegado alterno del departamento de Tarija, Luis Carlos Barrios.

GOBERNACIONES RECIBEN MENOS RECURSOS QUE HACE DIEZ AÑOS Y TIENEN MAYOR NÚMERO DE COMPETENCIAS

El gobierno nacional obtiene de la coparticipación tributaria un 75% y ha recibido tres veces más recursos que hace 10 años, al igual que los municipios que han triplicado sus ingresos.

Por el contrario, las gobernaciones reciben menos recursos que hace 10 años porque tienen fuentes vulnerables como el precio internacional de los hidrocarburos.

 “Las gobernaciones no tienen una fuente estable como la del gobierno central y la de los municipios, que dé sostenibilidad a sus finanzas para atender y administrar las competencias departamentales. En 10 años se ha incrementado la población y en 10 años se nos han transferido más competencias. Sin embargo, estamos recibiendo menos recursos que hace 10 años”, puntualizó el delegado Yaksic.

El gobierno nacional argumenta que del 75% que recibe de la coparticipación tributaria, financia salud, educación, Policía y Fuerzas Armadas, hecho por el cual no puede acceder a la demanda de las gobernaciones.

“El gobierno nacional tiene otras fuentes de recursos, si las gobernaciones acceden a la coparticipación tributaria, técnicamente es posible que el Nivel Central del Estado utilice otras fuentes para compensar el porcentaje que iría a los GADs; no sólo es la coparticipación que recibe el gobierno nacional”, sostuvo al respecto Fabián Yaksic.

Entre otras alternativas para nivelar los recursos de las gobernaciones está la posibilidad de transferirles nuevos dominios tributarios y recuperar el 12% de los recursos del IDH que al momento financian competencias nacionales, como el fondo de exploración y explotación de hidrocarburos;  bono de vacunación; pago de prediarios a la población penitenciaria.

“El IDH se nos descuenta para  financiar competencias nacionales. Está claro que las gobernaciones son el eslabón más débil de todas las entidades autónomas que requieren más recursos”, acotó la autoridad.

“Más esperanzas que realidades, ojalá que el nivel de debate del Consejo Nacional de Autonomías sea más fructífero, hay esperanza, hay optimismo, pero todavía no hay nada en concreto. Seguimos insistiendo en la devolución del 12% de los recursos del IDH para las gobernaciones”, consideró el delegado del GAD de PANDO, Abdón Ramiro Chávez Céspedes.

La propuesta planteada por el GADLP está basada en una fórmula de acceso gradual para las gobernaciones, que propone resolver las evasiones tributarias y ampliar el universo tributario, de forma que en los próximos 4 años se logre alcanzar el porcentaje de coparticipación que demanda.

“En el caso de La Paz 10%; en el caso de Santa Cruz 20% y Tarija 15%. Nosotros hemos sido absolutamente racionales, esperando y comprendiendo también las dificultades que tiene el gobierno nacional, pero está claro que el nivel central tiene también otras fuentes de financiamiento. Por ello el debate está abierto. Tenemos que solucionar el problema de las gobernaciones por la cantidad de competencias importantes que tienen los gobiernos autónomos departamentales porque no estamos en condiciones de ejercer plenamente nuestras competencias. ¿Qué va a pasar con los hospitales de 3er nivel, si las gobernaciones no resuelven una fuente sostenible de financiamiento que impida que retrocedamos en la cantidad de recursos?”, concluyó Yaksic.

SEDALP/COM/MTG

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