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PACTO FISCAL AVANZA A TROPEZONES

Concluida la cuarta etapa del cronograma del pacto fiscal, se detectaron varios aspectos que merecen tratamiento especial para allanar el camino hacia la fase de aprobación de conclusiones, que permitan poner en marcha la parte operativa de lo que constituirá adaptar el modelo de autonomías a las contingencias de la futura planificación y las inversiones que demanden los diferentes distritos del país.

La Comisión Técnica del Consejo Nacional de Autonomías (CNA), identificó problemas en el ámbito financiero y de planificación en tres niveles del aparato estatal, especialmente en lo que corresponde a las condiciones administrativas de los futuros gobiernos autónomos. Son varios los aspectos que deben tratarse para lograr modificaciones en leyes como la 1178, de manera que con ajustes necesarios se facilite la mejor distribución de porcentajes en las asignaciones oficiales y en la parte que debe disponerse el sistema de pagos crediticios.

Según los participantes en la cuarta etapa de tratamiento del Pacto Fiscal, no se ha concluido el tratamiento de más de 200 factores críticos que deben aclararse antes de ingresar en la quinta etapa que se producirá próximamente en Santa Cruz, con una agenda que debe ir cerrando el asunto del pacto fiscal, para que en la siguiente gestión se visualice mayor proximidad al funcionamiento de los sistemas autonómicos, previa la aprobación en el pleno del CNA, que dará su visto bueno al conjunto de medidas debidamente analizadas, debatidas, consensuadas y aprobadas para su aplicación en el orden nacional.

Hay otras situaciones problemáticas que emergen en el proceso de consideración de las alternativas planteadas por los delegados, por ejemplo el caso de la seguridad ciudadana y la violencia de género, temas muy sensibles en los que se determinó poner mayor atención para disminuir los índices de inseguridad colectiva y la violencia en contra de la mujer. Se planteó la capacitación especializada de policías para trabajar en seguridad ciudadana urbana.

El delegado de la gobernación cruceña, enfatizó en la importancia de realizar un inventario general de todo lo avanzado en asuntos de seguridad ciudadana, el nivel de participación policial, en atención del cuidado de la población civil con programas específicos que eviten malgastar recursos arbitrariamente en campañas que tienen que ver con “movimientos sociales”, bajo el pretexto de seguridad ciudadana. Se sugirió institucionalizar el Servicio Legal Integral Municipal como una división que trabaje en defensa del sector femenino.

También fue de tratamiento especial el tema de las universidades que están creando una cantidad de profesionales, que no siempre está acorde a la demanda real de ciertas necesidades regionales para cubrir el mercado especializado que necesita, la industria, la minería y metalurgia, los sistemas agropecuarios, de turismo y otros que coadyuvarán a los planes de desarrollo que encaren las gobernaciones y los municipios.

Como se puede observar, hay varios asuntos pendientes que deben ser objeto de una atención particularizada, porque son parte de todo un proceso que en el futuro exigirá responsabilidad institucional para salvar contingencias, que al presentarse tendrán que ser solucionadas con decisiones del orden administrativo autónomo, eso implica uso de recursos y decisiones administrativas oportunas y correctas.

Cerrada la cuarta fase del tratamiento del pacto fiscal y sus variadas alternativas, se continuará hacia la etapa final, en la que se analizarán las fuentes de recursos públicos, que implica definiciones sobre la equidad distributiva de asignaciones para la vigencia efectiva de las Entidades. Territoriales Autónomas.

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PROPONEN NUEVA LEY DE GESTIÓN PÚBLICA

18 de septiembre, 2017 (EL DIARIO).-

Equipo técnico trabaja en reglamento de diálogo rumbo a la quinta etapa de consolidación del pacto

fabian-yaksic-pacto-fiscalLa Comisión Técnica del Pacto Fiscal propondrá al Consejo Nacional de Autonomías (CNA) una agenda de trabajo para la implementación de una nueva Ley de Gestión Pública que sustituya la norma 1178 “Ley de Administración y Control Gubernamental”.

En la agenda también propondrán conformar dos mesas técnicas, una para temas tributarios y otra para el sistema de planificación integral del Estado.

El viceministro de Autonomías, Hugo Siles, informó que en el encuentro conclusivo de la cuarta etapa del pacto fiscal que se realizó la pasada semana en la ciudad de La Paz se identificaron, al menos, 210 factores críticos de los distintos niveles del Estado. Para resolver los mismos, representantes regionales junto al Gobierno llegaron a acuerdos y consensos.

Uno de ellos tiene que ver renovar normas que no están acordes con el nuevo sistema autonómico del país a fin de buscar una solución a los factores críticos que se representan en la administración pública nacional.

“Hemos alcanzado el 85% de consenso (…) para poder trabajar en una agenda legislativa a través de una comisión y mesa técnica sobre tres temas: una nueva Ley de Gestión Pública que pueda sustituir a la Ley 1178, una mesa técnica para poder trabajar sobre tributos y una mesa técnica para poder trabajar sobre el sistema de planificación integral del Estado Ley 777”, declaró Siles.

El segundo acuerdo y consenso que la Comisión Técnica del Pacto Fiscal alcanzó corresponde a la conformación de los Consejos de Coordinación Sectorial, conforme lo establece la Ley 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibañez”.

El equipo técnico también concluyó que se debe trabajar en un acuerdo, por mandato del CNA, en el Consejo de Coordinación Sectorial para Salud, el Consejo de Coordinación Sectorial para Seguridad Ciudadana y el Consejo de Coordinación Sectorial para Minería.

El Viceministro de Autonomías mencionó también que se trabajó en el tema de la autonomía indígena originaria campesina para que sean incluidos en los sistemas de contratación de presupuesto y planificación.

REGLAMENTO

Con el encuentro conclusivo realizado en la semana concluye la cuarta etapa del cronograma modificado del pacto fiscal y, posteriormente, se ingresa a la quinta etapa de análisis de las fuentes de los recursos públicos.

Para la quinta etapa, la comisión técnica del pacto fiscal deberá reunirse diez días después de concluir con el encuentro conclusivo (realizado el 12 y 13 de septiembre en La Paz) en el departamento de Santa Cruz donde afinarán el reglamento del diálogo del análisis de las fuentes de los recursos públicos.

“En los próximos 10 días, después del encuentro conclusivo nacional, llamaremos a una nueva sesión de la comisión técnica para poder afinar ya el reglamento del diálogo para la etapa quinta. Hay un reglamento, como dice la normativa, emanada del propio CNA”, señaló.

De acuerdo con el viceministro Siles, el borrador del reglamento del diálogo está por concluir, el mismo fue trabajado por los representantes de las entidades territoriales autónomas (ETA), en el cual existen planteamientos referidos a los componentes de recursos de ingresos que tienen las regiones y el nivel central de Estado.

Según la información oficial, el equipo técnico del Viceministerio de Autonomías y del Servicio Estatal de Autonomías (SEA) entregarán a los delegados, el 18 de septiembre, un documento que incluye el conjunto de las propuestas revisadas (que aún está siendo sistematizada) para su complementación y posterior remisión al CNA.

REGIONES PIDEN DEVOLUCIÓN DEL 12% DEL IDH

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17 de septiembre, 2017 (EL DIARIO).-

Fabian Yaksic afirma que las nueve gobernaciones llegaron a un acuerdo • Gobierno derivó el tema a la siguiente etapa del pacto fiscal

La reunión de la cuarta etapa del pacto fiscal concluyó en La Paz con consensos entre los gobiernos regionales para exigir la devolución del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que el Gobierno central les cortó para dar paso a la creación de un fondo común que atraiga inversiones petroleras mediante la llamada “ley de incentivos” de 2015.

El delegado de la Gobernación de La Paz para el pacto fiscal, Fabián Yaksic, informó esta jornada que entre las nueve gobernaciones y algunos municipios representados por la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) se estableció pedir al Gobierno la reversión de esa polémica ley porque las regiones no han logrado recuperar recursos en casi dos años de vigencia de esa norma. La administración centralista decidió que ese tema sea derivado a la quinta etapa.

“Entre las gobernaciones hubo 36 propuestas consensuadas y con municipios ha habido consenso para establecer que 12% de descuento del IDH para tareas de exploración y explotación de hidrocarburos se revierta y se devuelva estos recursos a las entidades territoriales autónomas”, dijo a los medios de cobertura en plaza Murillo.

El 15 de diciembre de 2015 se promulgó la Ley de Promoción para la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera que estableció la creación del Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación con 12 por ciento de los recursos que hasta ese año tenían asignadas las gobernaciones, municipios y universidades públicas.

El recorte presupuestario a las regiones comenzó a aplicarse desde enero de 2016 y se esperaba que para este año se tengan los primeros resultados de “recuperación y ganancia”.

PROYECCIÓN DE HIDROCARBUROS

La proyección del ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, cuando se promulgó la Ley 767 fue una recuperación del 60% el primer año y de 30% de ganancia hasta el cierre de este 2017, pasando de invertir las regiones 1,6 millones de dólares a ganar hasta $us 7,3 millones en diez años.

Las regiones cedieron sin opción a reclamo poco más de millón y medio de dólares por débito automático a favor del Banco Central de Bolivia, entidad encargada de custodiar los recursos de este Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación.

Otros avances logrados por las regiones autónomas en esta cuarta etapa del pacto fiscal –informó Yaksic– fueron dejar de cancelar el prediario a los privados de libertad o pagar el bono de vacunación con recursos del IDH, pues esos ítems son de competencia nacional.

Finalmente, el experto en autonomías dijo que estos temas que hacen al preocupante déficit económico de las gobernaciones y municipios, se derivaron a mesas de trabajo y consejos sectoriales cuya constitución solo depende de la voluntad política de la administración central del Estado.

El Gobierno, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) perfilaba mediante un comunicado en 2015, durante la aprobación de la Ley de Incentivos, abarcar 84 proyectos en 63 áreas de exploración para descubrir reservas gasíferas por 11 Trillones de Pies Cúbicos (TCF). (Visor Bolivia)

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DELEGADOS DE GOBERNACIONES Y DE ASOCIACIONES MUNICIPALES DEMANDAN DEVOLUCIÓN DEL 12% DE RECURSOS DEL IDH

11R-comision-pacto-fiscal-2La Paz, septiembre 14, 2017 (SEDALP).- En consenso, delegados de las nueve gobernaciones y representantes del sistema asociativo municipal: FAM-Bolivia (Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia) y AMB (Asociación de Municipalidades de Bolivia) insisten en la necesidad de recuperar los recursos del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) que por disposición de dos leyes  son destinados a financiar competencias nacionales, como la exploración y explotación de hidrocarburos, con un 12%. La demanda común fue presentada al gobierno nacional durante el Encuentro Conclusivo de la 4ta. Etapa del proceso de diálogo del Pacto Fiscal, realizado entre el 12 y 13 de septiembre en La Paz.

“Todas las delegaciones han solicitado, en consenso, se revierta el 12% de los recursos del IDH porque el desvío de estos fondos es ilegal e inconstitucional.  Ojalá que el gobierno central asuma esta solicitud en la magnitud de su importancia para las regiones y municipios“, aseveró Fabián Yaksic, delegado a la Comisión Técnica del Pacto Fiscal por el GADLP.

11R-comision-pacto-fiscal-jerjesAl respecto, en representación de los municipios, el director ejecutivo de la FAM-Bolivia, Jerges Mercado, planteó la solicitud de devolución del 12% de recursos del IDH, demandada durante los encuentros departamentales del Pacto Fiscal.

“Dado que ese 12% no se ha utilizado y al momento esos recursos están en una cuenta debido a que resultan insuficientes para una autentica y eficaz exploración de hidrocarburos, los municipios solicitan la devolución de ese fondo descontado, que para el sector petrolero puede no significar mucho, pero que para un municipio tipo A o B, representa el 35% de sus ingresos y lamentablemente son recursos que han tenido que aportar para buscar las reservas que no se encuentran desde hace 10 años”, argumentó Mercado.

En respuesta a ésta demanda, el gobierno nacional planteó el tratamiento del tema en la 5ta. Etapa del Pacto Fiscal, establecida para el análisis de las fuentes de recursos públicos.

En relación a los recursos del IDH, se demandó también derogar el artículo 10 de la Ley 3302, aprobada el año 2005, que establece el financiamiento de competencias nacionales con fondos del Impuesto a los Hidrocarburos, tales como los prediarios y gastos de funcionamiento del Régimen Penitenciario;  bono de vacunación y del escalafón al mérito del personal de salud.

“Todos esos montos que están establecidos en esta Ley, le significan a las gobernaciones más o menos entre Bs. 200 y 300 millones. Al departamento de La Paz le restan un aproximado de Bs. 50 millones en su presupuesto.  Al respecto, también hubo consenso y se contó con el respaldo de la FAM-Bolivia y de la AMB, para que las gobernaciones logren recuperar estos fondos que no pueden seguir financiando competencias que no les corresponden, y que sea el gobierno nacional quien las asuma”, afirmó Yaksic.

En torno a éste requerimiento, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se comprometió a realizar el análisis y las consultas respectivas para dar la respuesta en un plazo de diez días.

“Esperamos que el gobierno nacional tome en cuenta la solicitud formulada en consenso y el  respaldo que hubo a la necesidad de contar con estos recursos para asumir las competencias propias de los gobiernos departamentales.  No podemos seguir asumiendo competencias del gobierno nacional”, insistió el Delegado del GADLP.

En referencia a la transferencia de competencias sin previo análisis de recursos financieros, el Director de la FAM-Bolivia informó que en el Encuentro Conclusivo Nacional “se demandó, en consenso, la necesidad de  dotar a las autonomías subnacionales de ciertas garantías para que ningún nivel les imponga otros costos que no estén contemplados en sus competencias y si se lo hace, se haga previo consenso, indicando la fuente de financiamiento de esa competencia”.

CONSEJOS SECTORIALES

En cumplimiento a la Ley Marco de Autonomías se conformarán  Consejos Sectoriales de Minería y Salud, para el análisis y búsqueda de soluciones estructurales a los problemas de éstas áreas.

“Para lograr que las gobernaciones participen en la cadena productiva de minería, para tener mayores niveles de fiscalización de la actividad minera, tanto en términos ambientales como en términos productivos y su comercialización es que se va a instaurar el Consejo Sectorial de Minería, a la cabeza del Ministro del área, como establece la Ley Marco de Autonomías, con participación de las gobernaciones y los municipios”, explicó Yaksic.

En el área de Salud, se remarcó que es un tema estratégico que no está resuelto en el país y que es una de las grandes debilidades de la gestión pública.

“Se ha planteado la necesidad de que el Ministerio de Salud deje de generar políticas ignorando el trabajo de las gobernaciones y de los municipios. Hay que resolver el tema competencial. Las gobernaciones con los recursos que tienen, no pueden seguir asumiendo una competencia tan grande como es la de los hospitales de 3er nivel; hay temas de ítems que se debe resolver; el trabajo del SEDES; el último decreto que emitieron, creando una autoridad de fiscalización por encima de la competencia rectora que tienen los Servicios Departamentales de Salud que están a cargo de las gobernaciones. Por ello, es importante que el Consejo Nacional de Autonomías apruebe la instalación del Consejo Sectorial de Salud”, añadió el Delegado Yaksic.

“El tema salud aún está inconcluso en el país, hay  muchas dificultades de infraestructura; de equipamiento; de cantidad de médicos; del servicio; de la calidad de la salud; hay necesidad  de abordar esta problemática estructuralmente”, consideró el director de la FAM-Bolivia, Jerges Mercado.

AVANCES EN MATERIA NORMATIVA

Durante las dos jornadas del Encuentro Conclusivo Nacional, se acordó instalar  mesas de trabajo para el análisis  de temas administrativos que dificultan una eficiente gestión pública. Se trabajará  una nueva Ley de Presupuesto, que implique modificaciones a los procedimientos administrativos; se formulará de manera conjunta la Ley de Gestión Pública Plurinacional,  planteada para viabilizar reformas y modificaciones a la Ley SAFCO y al procedimiento de contrataciones de bienes y servicios. Se consensuó también  instalar una comisión para tratar temas tributarios

“Han sido avances importantes, quizá todavía con sabor a poco, en términos de recursos, pero esperamos que en la etapa quinta, la última, se definan estos temas”, finalizó Yaksic.

El próximo encuentro de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal será en 10 días en la ciudad de Santa Cruz para  definir la metodología que permitirá encarar el debate de la quinta y última etapa que tiene que ver con el análisis de las fuentes de recursos públicos, alternativas de financiamiento y las propuestas de reformas al régimen económico financiero vigente.

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PACTO FISCAL: ANTE MAYOR DEMANDA DE MUNICIPIOS Y CIUDADANÍA, GOBERNACIONES PIDEN MÁS RECURSOS

La Paz, 10 de septiembre de 2017 (gobernacionlapaz.gob.bo).-Ante la cercanía de los debates finales del proceso denominado Pacto Fiscal, delegados de siete de las nueve gobernaciones reclamaron más recursos financieros, y una “autonomía fiscal”, para atender, a sus municipios y a sus ciudadanos.

Si bien cada Gobernación tiene su propia propuesta inicial para la quinta etapa del referido proceso, todas coinciden en que los recursos que actualmente administran son insuficientes, o que las transferencias netas de recursos, desde el gobierno central no se corresponden con la realidad administrativa departamental.

“Debemos apuntar a una autonomía fiscal (en las administraciones departamentales)”, resumió Wilder Molina, delegado de la Gobernación del Beni, en una reciente reunión de la Comisión Técnica del Concejo Nacional de Autonomías, en Santa Cruz de la Sierra.

Consultado por Radio Líder, Rubén Ardaya, Secretario de Gestión Institucional Gobernación TARIJA propuso redistribuir los recursos de Coparticipación Tributaria (recaudaciones impositivas y aduaneras nacionales) en: 28% para los 339 Municipios, 15% para las 9 Gobernaciones, 7% para las Universidades Públicas, 50% para el Ministerio de Economía (TGN).

Además, propuso que las Gobernaciones administren directamente los impuestos: A los Consumos Específicos (ICE), Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC IVA), y el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD).

A su vez, Camilo Torres, Secretario Departamental de Finanzas y Administración de la Gobernación de COCHABAMBA, planteó que “el gobierno nacional debe invertir en los Departamentos, con proyectos estratégicos, para generar mayores ingresos para las Gobernaciones. Por ejemplo, en el caso Misicuni propondremos que la Gobernación co-administre ese Proyecto Múltiple. Planteamos una alianza con el Estado central”

Está claro que como Gobernación no contamos con recursos suficientes, precisó

Ramiro Chávez, Director de Planificación Estratégica de la Gobernación de PANDO, propuso que “se debe reconocer a las Gobernaciones como actores fundamentales de las autonomías, pero sobre todo debemos jerarquizar las competencias exclusivas, que han sido descuidadas por otras como las competencias compartidas o concurrentes”.

La autoridad agregó que las transferencias netas desde el Estado central son menores frente a las transferencias brutas “que es lo que al final el gobierno central evalúa. Es decir, de cada Bs.100 que recibimos, como Gobernaciones solo llegamos a administrar Bs.30; el 70% ya viene pre-asignado por el gobierno central”.

Por su parte, Wilder Molina, delegado de la Gobernación del BENI planteó que “debemos buscar consenso para mejorar condiciones que favorezcan el desarrollo de nuestros departamentos. En el caso del Beni, estamos muy rezagado en la provisión de servicios básicos, en relación a otros departamentos”.

“Debemos apuntar a una autonomía fiscal, para cumplir nuestras aspiraciones de desarrollo regional, pero con apoyo del gobierno central”, precisó.

José Luis Parada, asesor general de la Gobernación de Santa Cruz y delegado titular ante el Pacto Fiscal, recordó que “Bolivia sufre la crisis del Impuesto Directo a los hidrocarburos (IDH) que cayó en un 60%”.

Por ello, propuso redistribuir la Coparticipación Tributaria: 50% para el Ministerio de Economía (TGN); 20% para las nueve Gobernaciones, 23% a los Gobiernos Municipales, 1% a las Autonomías de los Pueblos Indígena Originario Campesinos, 6% a las Universidades Públicas. Con esto podremos, como Gobernaciones podremos atender cuatro sectores importantes: Salud, Educación, Seguridad Ciudadana, y Desarrollo Productivo.

Magín Herrera, Secretario General de la Gobernación de ORURO indicó que plantearán ajustes a las leyes: 1178 SAFCO, 1333 de Medio Ambiente, Ley de Minería, y otros, y recalcó que “somos una Gobernación pequeña, pero con grandes necesidades, y no podemos satisfacer necesidades de nuestros municipios”.

“Por ejemplo, un proyecto caminero en Tarija cuesta Bs.88 millones; eso no es siquiera todo el Presupuesto de la Gobernación de Oruro”, graficó.

A su vez, la propuesta del departamento de LA PAZ, explicada por director del Servicio Departamental de Autonomías, Fabián Yaksic, se resume en: redistribuir los recursos de Coparticipación Tributaria, en: 10% para las Gobernaciones, 20% para los municipios, 5% para las Universidades Públ

La Paz, 10 de septiembre de 2017 (radiolider97.bo).-Ante la cercanía de los debates finales del proceso denominado Pacto Fiscal, delegados de siete de las nueve gobernaciones reclamaron más recursos financieros, y una “autonomía fiscal”, para atender, a sus municipios y a sus ciudadanos.

Si bien cada Gobernación tiene su propia propuesta inicial para la quinta etapa del referido proceso, todas coinciden en que los recursos que actualmente administran son insuficientes, o que las transferencias netas de recursos, desde el gobierno central no se corresponden con la realidad administrativa departamental.

“Debemos apuntar a una autonomía fiscal (en las administraciones departamentales)”, resumió Wilder Molina, delegado de la Gobernación del Beni, en una reciente reunión de la Comisión Técnica del Concejo Nacional de Autonomías, en Santa Cruz de la Sierra.

Consultado por Radio Líder, Rubén Ardaya, Secretario de Gestión Institucional Gobernación TARIJA propuso redistribuir los recursos de Coparticipación Tributaria (recaudaciones impositivas y aduaneras nacionales) en: 28% para los 339 Municipios, 15% para las 9 Gobernaciones, 7% para las Universidades Públicas, 50% para el Ministerio de Economía (TGN).

Además, propuso que las Gobernaciones administren directamente los impuestos: A los Consumos Específicos (ICE), Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (RC IVA), y el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD).

A su vez, Camilo Torres, Secretario Departamental de Finanzas y Administración de la Gobernación de COCHABAMBA, planteó que “el gobierno nacional debe invertir en los Departamentos, con proyectos estratégicos, para generar mayores ingresos para las Gobernaciones. Por ejemplo, en el caso Misicuni propondremos que la Gobernación co-administre ese Proyecto Múltiple. Planteamos una alianza con el Estado central”

Está claro que como Gobernación no contamos con recursos suficientes, precisó

Ramiro Chávez, Director de Planificación Estratégica de la Gobernación de PANDO, propuso que “se debe reconocer a las Gobernaciones como actores fundamentales de las autonomías, pero sobre todo debemos jerarquizar las competencias exclusivas, que han sido descuidadas por otras como las competencias compartidas o concurrentes”.

La autoridad agregó que las transferencias netas desde el Estado central son menores frente a las transferencias brutas “que es lo que al final el gobierno central evalúa. Es decir, de cada Bs.100 que recibimos, como Gobernaciones solo llegamos a administrar Bs.30; el 70% ya viene pre-asignado por el gobierno central”.

Por su parte, Wilder Molina, delegado de la Gobernación del BENI planteó que “debemos buscar consenso para mejorar condiciones que favorezcan el desarrollo de nuestros departamentos. En el caso del Beni, estamos muy rezagado en la provisión de servicios básicos, en relación a otros departamentos”.

“Debemos apuntar a una autonomía fiscal, para cumplir nuestras aspiraciones de desarrollo regional, pero con apoyo del gobierno central”, precisó.

José Luis Parada, asesor general de la Gobernación de Santa Cruz y delegado titular ante el Pacto Fiscal, recordó que “Bolivia sufre la crisis del Impuesto Directo a los hidrocarburos (IDH) que cayó en un 60%”.

Por ello, propuso redistribuir la Coparticipación Tributaria: 50% para el Ministerio de Economía (TGN); 20% para las nueve Gobernaciones, 23% a los Gobiernos Municipales, 1% a las Autonomías de los Pueblos Indígena Originario Campesinos, 6% a las Universidades Públicas. Con esto podremos, como Gobernaciones podremos atender cuatro sectores importantes: Salud, Educación, Seguridad Ciudadana, y Desarrollo Productivo.

Magín Herrera, Secretario General de la Gobernación de ORURO indicó que plantearán ajustes a las leyes: 1178 SAFCO, 1333 de Medio Ambiente, Ley de Minería, y otros, y recalcó que “somos una Gobernación pequeña, pero con grandes necesidades, y no podemos satisfacer necesidades de nuestros municipios”.

“Por ejemplo, un proyecto caminero en Tarija cuesta Bs.88 millones; eso no es siquiera todo el Presupuesto de la Gobernación de Oruro”, graficó.

A su vez, la propuesta del departamento de LA PAZ, explicada por director del Servicio Departamental de Autonomías, Fabián Yaksic, se resume en: redistribuir los recursos de Coparticipación Tributaria, en: 10% para las Gobernaciones, 20% para los municipios, 5% para las Universidades Públicas y 65% para el Ministerio de Economía (TGN).

Igualmente, La Paz propuso aumentar, de 20% a 40% la coparticipación de las Gobernaciones en el impuesto a los hidrocarburos y sus Derivados IEHD, así como coparticipar en la recaudación de los impuestos por certificados de Crédito Fiscal.

icas y 65% para el Ministerio de Economía (TGN).

Igualmente, La Paz propuso aumentar, de 20% a 40% la coparticipación de las Gobernaciones en el impuesto a los hidrocarburos y sus Derivados IEHD, así como coparticipar en la recaudación de los impuestos por certificados de Crédito Fiscal.

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REGIONES METROPOLITANAS DE LA PAZ, COCHABAMBA Y SANTA CRUZ: AVANCES Y DESAFÍOS

La Paz, 29 de agosto de 2017 (SEDALP).-

IDEA-1Representantes de las Gobernaciones de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, junto a delegados de organizaciones de la cooperación internacional, se reunieron en La Paz para intercambiar experiencias y opiniones sobre los avances y desafíos que se tienen en las tres regiones metropolitanas del país.

El encuentro fue propiciado por IDEA Internacional con el objetivo de generar un espacio de intercambio de experiencias y visiones respecto al proceso de metropolización, que involucra a los tres departamentos del eje central del país, y que demanda iniciativas y políticas públicas concertadas.

“La concentración demográfica en las áreas metropolitanas de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba es un fenómeno que no se puede ignorar. Las previsiones muestran que hacia el año 2032, el 80% de la población de todo el país estará en los tres departamentos del eje, y de ese 80%, el 80% estará en las regiones metropolitanas. Es un dato de una magnitud que tiene que impulsar iniciativas concertadas en el ámbito estatal tanto a nivel nacional como departamental y municipal”, sostuvo el representante de Idea Internacional, Alfonso Ferrufino.

El intercambio de experiencias estableció que la planificación del desarrollo de las regiones metropolitanas es una responsabilidad ineludible de gobernaciones y municipios que involucra desafíos en el diseño de las estrategias que permitan cubrir los requerimientos de la ciudadanía metropolitana y los problemas que surgen a partir de ella.

CARACTERISTICAS Y DESAFÍOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA – LA PAZ

El Departamento de La Paz tiene como principal desafío la construcción de la región metropolitana con servicios para la ciudadanía metropolitana.

Según el censo de población 2012, los municipios de La Paz y El Alto sobrepasaron 1,6 millones de habitantes. El 60% de los pobladores del Departamento de La Paz vive en las ciudades  de La Paz y El Alto, que sumados a los habitantes del resto de los municipios, establecen una concentración demográfica del 65% en la región metropolitana.

La región metropolitana de La Paz está conformada por siete municipios: La Paz, El Alto, Achocalla, Mecapaca, Palca, Laja y Viacha, con algo más de 1,7 millones de habitantes, según el Censo 2012. El Departamento de La Paz tiene una superficie de 134 mil kilómetros cuadrados, una población de algo más de 2,7 millones; la densidad es de 20 habitantes por kilómetro; en la Región Metropolitana la densidad es de 332 habitantes por kilómetro; pero en la mancha urbana, la población de la región metropolitana se concentra en una densidad por encima de los 7 mil habitantes por kilómetro cuadrado.

Se proyecta que para el año 2030, la población en la región metropolitana llegará a los 2,7  millones de habitantes.

CONVENIO INTERGUBERNATIVO

A partir del 1er Foro de la Región Metropolitana realizado en Viacha, en fecha 4 de agosto de 2015, en el que se estableció una agenda básica de los principales temas de preocupación de la región, se firmó un Convenio Intergubernativo Marco, el 21 de marzo de 2016, con la participación de cinco Gobiernos Municipales de los siete de la región metropolitana: La Paz, El Alto, Achocalla, Viacha y Laja, a excepción de Palca y Mecapaca.

El Convenio Intergubernativo establece las líneas de acción para encarar coordinadamente programas y proyectos para satisfacer las necesidades y el desarrollo de las potencialidades  de los siete municipios de la región metropolitana.

Se definieron siete ejes estratégicos de acción: agua potable y saneamiento; medio ambiente y cambio climático (gestión integral de residuos); desarrollo humano y social; desarrollo económico y productivo (MIPYMES, servicios, territorios inteligentes); sistema de transporte; seguridad ciudadana; conflicto de límites.

DESAFÍOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE LA PAZ

region-metropolitana-2Está en proceso la elaboración y concertación del reglamento del Convenio Intergubernativo para conformar y operativizar la Agencia Metropolitana de Desarrollo, instancia que se encargará de elaborar planes, programas y buscar financiamiento para los proyectos de desarrollo de la región metropolitana.

region-metropolitana1El segundo desafío, es la elaboración y concertación del Proyecto de Ley de Creación de la Región Metropolitana de La Paz, que se trataría en el II Foro de la Región Metropolitana a convocarse en octubre de 2017.

Como tercer desafío se tiene la formulación de la Estrategia de Desarrollo Integral (EDI) de la Región Metropolitana de La Paz, que está en pleno proceso.

“Se espera que la Estrategia de Desarrollo Integral de la Región Metropolitana de La Paz optimice la coordinación y la articulación de los planes y proyectos concurrentes entre la inversión pública nacional, departamental y municipal.  Desde la Gobernación, el siguiente paso será impulsar la Agencia Metropolitana de Desarrollo, concertar su reglamento, formular la EDI y trabajar la Ley de Creación de la región”, explicó Fabían Yaksic, director del Servicio Departamental de Autonomías de La Paz, quien participó en el encuentro en representación del GADLP.

DESAFÍOS REGIÓN METROPOLITANA – SANTA CRUZ

region-metropolitana-3El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz afronta, al momento, dos grandes desafíos en el proceso de metropolización. El primero orientado a solucionar el problema de transporte, para el efecto se elaboró un Plan Maestro de Transporte Metropolitano, con el apoyo de JICA – Agencia de Cooperación Japonesa, el mismo que permitirá solucionar la temática de vital importancia para los seis municipios que integran la región metropolitana.

El segundo gran desafío es diseñar la ruta para la aprobación de la ley que viabilice la creación de la región metropolitana de Santa Cruz de manera formal.

“Precisamos la ley para contar con el marco institucional que permita administrar y coordinar todo el trabajo de la región metropolitana.  A partir de la ley se instaurará el Consejo Metropolitano, y ese es nuestro gran reto, poner en marcha este Consejo, darle las condiciones para que tenga una vigencia de largo tiempo y cumpla con los resultados que se esperan”, señaló Erick Cícero Landívar, representante del GADSC.

“Lo óptimo es poder trabajar y atender todos los temas que involucran y preocupan a la ciudadanía de los seis municipios que integran la región metropolitana de Santa Cruz: salud, seguridad, medio ambiente y tratamiento de residuos sólidos. Son temas que se deben encarar de manera conjunta y con esa visión beneficiar y dar solución a los seis municipios, donde se concentra la zona urbana”, precisó.

DESAFÍOS REGIÓN METROPOLITANA – COCHABAMBA

region-metropolitana-4El Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, tiene como principal desafío concluir la institucionalidad de la región metropolitana KANATA creada por Ley Nº 533 del 25 de mayo de 2014. Al momento, está pendiente la creación de la Secretaría Metropolitana, que constituye el brazo operativo del Consejo Metropolitano.

“Sin una Secretaría Metropolitana, el trabajo del equipo técnico transitorio, dependiente del gobierno departamental, no tiene el impacto y fortaleza necesarios para el proceso. La Secretaría Metropolitana no debería tener ninguna vinculación política con las entidades autónomas que conforman la región metropolitana porque su territorio pasa a ser la región como tal”, explicó Marcelo Delgado, representante de la región metropolitana de Cochabamba, Kanata.

El segundo desafío para Cochabamba, es planificar y articular todos los proyectos que se están avanzando en la región metropolitana, tanto a nivel departamental como municipal, de forma que tengan coherencia.

“Tenemos varios escenarios que se deben articular, son alrededor de 20 proyectos metropolitanos que están en diseño, gestión y otros en ejecución. De estos, hace un par de meses, se entregó una planta de tratamiento de residuos líquidos. Tenemos varios PTDI’s municipales del gobierno departamental que están siendo aprobados por sus órganos legislativos, pero son instrumentos que han sido elaborados de manera independiente,  no están articulados, están enfocando los mismos temas pero con distinta visión y, por lo tanto, están planteando soluciones distintas, reduciendo su impacto para el territorio”, añadió Delgado.

CONCLUSIONES DEL EVENTO

El tema de metropolización adquiere una importancia y prioridad en términos de la gestión pública nacional absolutamente ineludible.

El encuentro contó con la participación de representantes de la cooperación internacional, países y entidades multilaterales. Se constató la existencia de varios elementos que pueden permitir un trabajo compartido, colaborativo, estableciendo puentes entre los distintos niveles gubernamentales, además del interés de la cooperación internacional para orientar sus programas de respaldo a ésta temática.

“Pensamos que a través de estos intercambios es posible optimizar tiempos, recursos y esfuerzos, no repetir errores, siempre es posible aprender de experiencias externas que están exentas del factor político que complica los procesos. Pero también, se debe  poner en alto relieve el hecho de que el encuentro se ha dado entre actores de distinta orientación política. Eso es lo que podemos rescatar: que hay una temática de fondo transversal que precisa la cooperación y coordinación de los actores involucrados”, finalizó Alfonso Ferrufino, representante de IDEA Internacional.

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FABIÁN YAKSIC Y HUGO SILES, VICEMINISTRO DE AUTONOMÍAS, DEBATIERON SOBRE EL CONFLICTO DE ACHACACHI EN PIEDRA, PAPEL Y TINTA, PROGRAMA DE LA RAZON Y CADENA A

La Paz 28 de agosto, 2017 (SEDALP).- El director del Servicio Departamental de Autonomías, Fabián Yaksic, y el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, debatieron este fin de semana sobre el conflicto de Achacachi, en el programa Piedra, papel y tinta del matutino La Razón y la red televisiva Cadena A. El debate fue conducido por la periodista Lucía Sauma.
Fabián Yaksic explicó que los problemas en  Achacachi se deben a una “profunda fragilidad institucional”, que tiene que ver con la ejecución presupuestaria y que a la fecha habría alcanzado un 30%.
Añadió que, además, existe una marcada división en el Concejo Municipal con la existencia de cuatro partidos políticos, el conflicto de Ponchos Rojos con las Juntas Vecinales y por último el rol de la justicia que “no actúa de manera equilibrada”.
El viceministro de Autonomías, Hugo Siles, explicó que la Constitución Política del Estado, en su artículo 240, establece una consulta popular para revocar a una autoridad, siempre que se cumpla con los requisitos, como que el burgomaestre cumpla la mitad de gestión, tal cual el caso del municipio de Achacachi, provincia de Los Andes.


Encuentro de los Gobierno Autonomos Departamentales - Pacto Fiscal

GOBERNACIONES ACUERDAN EN CONSENSO SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL IDH

Encuentro de los Gobierno Autonomos Departamentales - Pacto FiscalLa Paz, 28 de agosto de 2017 (SEDALP).- En fecha 18 y 19 de agosto en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, delegados de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal y equipos técnicos de las gobernaciones de todo el país acordaron en consenso, varios aspectos referidos a los factores críticos internos y externos que impiden una mejora de la gestión pública, mismos que serán presentados en el Encuentro Conclusivo Nacional a realizarse en los próximos días, en el marco todavía de la 4ta. Etapa del diálogo nacional del pacto fiscal.

El primer acuerdo de consenso se refiere a la necesidad de recuperar los recursos del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) que por disposición de dos leyes  están siendo destinados a financiar competencias nacionales, como la exploración y explotación de hidrocarburos, con un 12%.

“Específicamente, pedimos en consenso que se revierta la ley 767 y que se devuelvan los descuentos que se han  hecho  del IDH para este fondo de fomento a la exploración y explotación de hidrocarburos que es competencia privativa del nivel central del Estado. Planteamos que este fondo sea restituido y se revierta esta medida que está perjudicando a todas las entidades territoriales autónomas”, sostuvo el delegado de la Gobernación de La Paz, Fabián Yaksic.

Segunda determinación, se propondrá derogar el artículo 10 de la ley 3302, aprobada el 2005, que establece que con recursos del IDH se financien prediarios de los centros penitenciarios del país, el bono de vacunación y de escalafón de los médicos, entre otros aspectos de competencia nacional.

“Para la Gobernación de La Paz, recuperar estos recursos significará alrededor de 50 a 60 millones de bolivianos, eso significa entre el 50 a 60% del IDH que sigue financiando estas competencias nacionales”, explicó Yaksic.

Otro aspecto planteado y consensuado, se refiere a las regalías de hidrocarburos. “Se pedirá el respeto pleno del artículo 368 de la Constitución Política de Estado, que establece que los departamentos productores de hidrocarburos reciben el 11% de regalías, pero además determina que los departamentos no productores obtendrán una participación de los porcentajes, pero sin reducir ese 11% que corresponde a los departamentos productores. Beni y Pando ya están recibiendo estos recursos. Y por qué no  Potosí, Oruro y La Paz, eso es lo que plantearemos en la próxima reunión”, añadió Yaksic.

En el tema de minería se planteó la necesidad de conformar una Comisión Técnica para trabajar las modificaciones a la Ley 535 de Minería y Metalurgia. Se propone que las gobernaciones tengan competencias en materia reglamentaria y ejecutiva de toda la cadena de producción, exploración, industrialización y comercialización de minerales, y por ende tener posibilidades de optimizar las regalías mineras para las gobernaciones.

En cuanto al dominio tributario departamental se ha establecido conformar un equipo de trabajo entre el Servicio Estatal de Autonomías y las gobernaciones para revisar la ley 154 de “Clasificación y definición de impuestos” para encontrar alternativas de nuevos dominios tributarios para los Gobiernos Autónomos Departamentales.

En el área de salud, todas las gobernaciones coincidieron en manifestar su preocupación por la dificultad de ejercer esta competencia por la escasez de recursos económicos, por ello plantean que se instale el Consejo Sectorial de Salud con la participación de las nueve gobernaciones para debatir el alcance de la competencia concurrente en la gestión del sistema de salud en todo el país.

Entre otros aspectos, se planteó que se debe aprobar una norma para establecer que las contrapartes de las Gobernaciones en el financiamiento de la Red Fundamental de competencia nacional sea voluntaria y de acuerdo a sus disposiciones financieras.

“De esta forma ya no habrán débitos automáticos u obligatoriedad de las gobernaciones de participar en el cofinanciamiento de caminos de la red fundamental que es competencia del gobierno central”, explicó el delegado Yaksic.

En el encuentro se trataron varios temas, y se espera que los consensos arribados sean respetados por el gobierno nacional.

Descargar aqui el Acta y la Ayuda a Memoria del evento.

  • Acta. Encuentro de identificación de factores críticos de los Gobiernos Autónomos Departamentales y la autonomía regional del Gran Chaco

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  • Ayuda a Memoria. Encuentro de identificación de factores críticos de los Gobiernos Autónomos Departamentales y la autonomía regional del Gran Chaco

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ESPERAN QUE LAS DETERMINACIONES A LAS QUE SE LLEGÓ EN REUNIÓN DEL PACTO FISCAL SEAN RESPETADAS

La Paz, 21 ago 2017 (ATB Digital).- El delegado de la Gobernación de La Paz Fabián Yaksic explica las determinaciones a las que se llegaron en la reunión del pacto fiscal que se llevó a cabo el fin de semana en Santa Cruz.

Los representantes de las 9 gobernaciones del país llegaron al consenso de que varias obras de gran amplitud deben ser asumidas por el Gobierno.


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GOBERNACIONES Y MUNICIPIOS PIDEN LIBERAR RECURSOS CONDICIONADOS Y EJERCER AUTONOMÍA

opinion-fabian-autonomiasLa Paz, 14 de agosto de 2017 (GADLP).-Las nueve gobernaciones anticiparon que, en los debates finales del proceso del Pacto Fiscal, solicitarán la liberación de recursos condicionados por el gobierno central y, se les permita ejercer la autonomía que disponen las leyes, entre otras propuestas.

El director de Fortalecimiento Municipal y Comunitario de la Gobernación de La Paz, Fabián Yaksic, informó que el viernes 18 de agosto de 2017, en Santa Cruz de la Sierra, representantes de las nueve gobernaciones se reunirán para analizar las propuestas para que los gobiernos departamentales accedan a los fondos de Coparticipación Tributaria.

Igualmente se confirmó que la Sexta Reunión del Consejo Nacional de Autonomías se realizará el miércoles 16 de agosto de 2017 para tratar la modificación del Reglamento del Consejo Nacional de Autonomías y Reglamento de funcionamiento y debates del Pacto Fiscal “para adecuar ambas instancias a lo establecido en la Ley 924 de 29 marzo 2017.

Yaksic precisó que la reciente décima reunión de representantes de la Comisión Técnica del Pacto Fiscal del 1 de agosto de 2017 en La Paz, recogió varias propuestas, de gobernaciones y de representantes de los sistemas asociativos municipales.

Por ejemplo, el representante de la Gobernación de Cochabamba, que reconoció que “nos falta ejercer nuestra autonomía”, solicitó que la Red Fundamental de Caminos (interdepartamental) debe ser asumido en su financiamiento en un 100% por el gobierno central. Al presente, por Decreto Supremo o Resolución de la Administradora Boliviana de Carreteras ABC, se dispone que las gobernaciones cofinancien la construcción y el mantenimiento de esas carreteras, sin consultárseles sobre su capacidad financiera.

A su vez, Oruro exigió que “se liberen los recursos condicionados” del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH asignados a las gobernaciones. Por ahora, un 90% de esos recursos son destinados para financiar competencias del nivel central del Estado, como el pago de prediarios (alimentación y servicios básicos) de las personas privadas de libertad, los premios nacionales “Eduardo Avaroa”, los títulos de bachiller u otros.

Igualmente, Pando solicitó modificar la Disposición Transitoria Octava de la ley de Autonomías y permitir que las nueve gobernaciones coparticipen del Impuesto especial al os Hidrocarburos y sus Derivados IEHD, y permitírseles recaudar los impuestos por certificados de Crédito Fiscal

La Paz, ya planteó que las gobernaciones accedan al 10% de las recaudaciones por concepto de Coparticipación Tributaria y el aumento de hasta 40% de coparticipación en lo recaudado por IEHD, así como la Agenda 2020-2030 para el desarrollo departamental, con un financiamiento de Bs.20 mil millones.